Rio SogamosoRio Sogamoso

Historia Capitulo 8

U

n año después sus directrices los enfocarían en el apoyo interno de los diálogos que se vislumbraban en ese entonces y preparándose en la dirección a la paz (excomandante de FARC en Santander, 2020), algo que se materializó con el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, alcanzado en La Habana en noviembre de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos. Por otra parte, el ELN desde el 2005 tampoco tenía presencia ni control militar en la cuenca alta y media del río Sogamoso, pues se había agrupado en regiones como el sur de Bolívar y el Catatumbo. “Ya no había elenismo pero sí camilismo” (Carlos Velandia, excomandante del ELN, 2020), aunque aún existían unidades urbanas como el Frente Urbano de Resistencia Yariguíes.
La paz, entonces, fue una bandera y preocupación de las guerrillas y de los grupos paramilitares (que se desmovilizaron años antes), pero también del gobierno de Juan Manuel Santos, que en medio de los diálogos y acercamientos promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), con la que se buscó establecer medidas para procurar verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo entre ellas la devolución de tierras a personas que fueron despojadas o se vieron obligadas a abandonarlas por el conflicto, asi como evitar la legalización de los títulos sobre tierras que fueron obtenidas por personas o empresas que apoyaron de manera directa o indirecta los desplazamientos, o que se aprovecharon del contexto de violencia para adquirirlas.

Hemos visto ya muchos hechos violentos presionaron a la población para que abandonara la cuenca del Sogamoso, pero además, hay que destacar que, una vez “libres”, los predios antes ocupados en agricultura eran comprados a precios bajísimos a través de distintas figuras. Esto se comprobó a través de múltiples sentencias de restitución de tierras que indican primero, que las personas desplazadas forzadamente se dirigieron a municipios como Bucaramanga, Cúcuta, San Gil y Barrancabermeja y desde allí iniciaron denuncias y exigencias de resarcimiento. Las restituciones aprobadas se dieron en su mayoría a las personas a las que les fueron despojados sus terrenos o cuando los inmuebles que poseían fueron destruidos y saqueados; en dichos casos se ordenó el reemplazo del mismo terreno o inmueble con unas condiciones mejores a las que se encontraba, o similares al que era usado como vivienda por las personas en el momento en que pedían la restitución.
Ahora, aunque valoramos este avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto y del desarrollo, también se hace necesario mostrar cómo, al mismo tiempo, y bajo supuestas buenas intenciones, se crearon estímulos e incentivos para implantar en la cuenca megaproyectos agroindustriales y extractivos en general, muchas veces a partir de recursos del Plan Colombia o de programas nacionales como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, denominadas como ZOMAC.
Esto se debe a que el Plan Colombia, durante su segunda y tercera etapa de implementación, cambió su estrategia, pasó de enfocarse en la reducción de los cultivos de coca, y se reorientó a la realización de programas centrados en lograr un crecimiento económico sostenible. Así surgió el programa Más intervención para el desarrollo alternativo en Santander, proyectado entre 2006 y 2010, que fomentaba distintos componentes para el crecimiento económico, entre ellos los agronegocios, que tenían como fin el desarrollo de alianzas entre campesinos con empresas privadas agroindustriales (Rojas, 2015), sin solucionar los complejos problemas estructurales de fondo del sector agrario y rural, sino más bien facilitar que la población ribereña continuara en el proceso de descampesinización ya retratado, que tarde o temprano los obliga a dejar sus tierras a los grandes empresarios o convertirse en asalariados que se sienten en un territorio prestado.
Por su parte, las ZOMAC eran una política de carácter nacional que da beneficios tributarios para incentivar la inversión de las empresas en zonas que se priorizaron de acuerdo a la incidencia del conflicto armado en ellas. En el 2017 se dio prioridad al municipio de Sabana de Torres con el fin de acelerar su crecimiento y desarrollo a través de estímulos para que los empresarios ocuparan esta zona históricamente asediada por el conflicto armado. Así, sería una de las necesidades de las ZOMAC el hacer frente a los retos en seguridad y justicia en donde se implantaron, para lo cual se fortaleció la presencia de la Fuerza Pública en la región, pero en procura de asegurar la estabilidad para el desarrollo económico. Esto sería, en realidad, contraproducente, puesto que en los primeros años de vigencia de esta política se evidenció el incremento de la violencia contra la población civil (CIDH, 2019).
A pesar de lo mencionado, las empresas privadas en la región, muchas de ellas transnacionales, gozan en la actualidad de un marco tributario privilegiado que les ha permitido maximizar sus rentas, pagando lo menos posible, pues las empresas mineras y de hidrocarburos son las que menos contribuyen al fisco por concepto del impuesto de renta (Pardo, 2018), mientras que las cargas tributarias del resto de la sociedad son mucho más pesadas en comparación.

Así, esta priorización del sector privado como única alternativa para generar empleo o procurar el bienestar social en general o incluso la procura de la paz, vuelve a poner los intereses de unos pocos sobre los DDHH y constitucionales de los pobladores de estas zonas marcadas por la guerra y el dolor, mermando el actuar de la política de restitución de tierras y perpetuando una mirada del desarrollo que ve en la abundancia del territorio solo un potencial por extraer, por acabar, de obtener un botín del cual apoderarse. Es así que incluso el turismo tiene ahora un carácter extractivo, pues ya no tiene nada que ver con el turismo criollo, el del paseo de olla, en el que había una relación diferente con el río como espacio de esparcimiento, para compartir con la gente local. El turismo extractivo no se fija en el territorio ni en sus habitantes, solo se valora “el espejo de agua” de la represa y su potencial para cobrar por su uso. Además, mientras más turistas llegan, los costos de vida para la población ribereña aumentan, los pescadores y campesinos se convierten en mano de obra no calificada en la cadena económica y además deben soportar los cambios ambientales, todo esto a costa de la “domesticación” de la naturaleza.

Llegaron en desbandada miles de aves y animales hambrientos que tuvieron que huir de su hábitat cuando se llenó la represa y con ellos se inundaron, en junio de 2014, más de 7 mil hectáreas del valle del río. La represa los desplazó. Ahora, las aves se comen el maíz que siembra el agricultor y los cerdos salvajes, como otros animales silvestres, acaban con la guanábana, el cacao, el banano, la naranja, la mandarina, la papaya o cualquier otro fruto. Don Luis ha tenido que adaptar sus cultivos para enfrentar el desplazamiento de los animales y también los cambios de temperatura y humedad que provoca el embalse de la represa. El asunto es, según él mismo explica, las flores y los frutos de las plantas se caen tempranamente por esos cambios y se pierde gran parte de su producción

Tatiana Roa, 2016.

El desplazamiento forzado, entonces, no es solo de seres humanos, sino de muchas otras especies animales. Como un todo, unos y otros se ven obligados a cambiar sus formas de vida para sobrevivir. La gente de la cuenca tiene ahora pocas, muy pocas opciones de tener una economía autónoma y mantener sus oficios de pescadores y campesinos, para convertirse, si acaso, en guías turísticos, todo mientras, los elementos regionales pasan al olvido para ser objetos de una cultura que no es la ribereña sino de una sociedad globalizada en la que su modo de vida se considera atrasado, menor.

Isagén vendió desde el inicio de la construcción de la represa la idea de que el turismo sería el nuevo eje económico de la región, un turismo basado en deportes náuticos que los locales a duras penas pueden pronunciar, como windsurf y kitesurf, reemplazaría, supuestamente para bien, la cotidianidad de las actividades del río, para que “el desarrollo” limpiara la zona de anzuelos, atarrayas, chinchorros, canoas, remos, canaletes, palos e’ puyas y cavas con su hielo.
Así mismo en el corredor vial entre Los Santos y Piedecuesta empezaron a aparecer parcelaciones y condominios campestres y de recreación, como el Club Campestre y el Club Acuarela, pues todo el proyecto turístico actual en la represa busca mercantilizar un río ahora artificial, que agoniza y ha sido escenario, víctima y botín, tanto del conflicto armado como del desarrollo, pero que según el imaginario geográfico de la Gobernación del Santander, es mejor si se convierte en un parque de diversiones, materializado en el Proyecto estratégico desarrollo integral embalse Topocoro. Este es un proyecto que, con hoteles y condominios quiere dejar atrás la verdad y memoria de las heridas territoriales del extractivismo, sustentado en tantos sacrificios. En lugar de reconocer a las víctimas, incluyendo a la naturaleza como una de ellas, se impone una nueva dinámica extractiva que olvida hechos dolorosos y continúa sacrificando las culturas tradicionales por el beneficio de los intereses privados. El turismo de mediana y gran escala se constituye en otra forma de ocultamiento de la historia del territorio y busca construir la idea de un paisaje natural mejorado, cuando se trata de una forma más de extractivismo.

“Extraño poder trabajar con las comunidades que llegaban de afuera y vendíamos sancocho y teníamos independencia, no pasábamos las penurias que pasamos hoy en día”.

Blanca Nubia Anaya.

Gracias a estos fenómenos de violencia e implantación de megaproyectos, empezó a darse en el territorio de la cuenca del Sogamoso un proceso de descampesinización que amenaza la soberanía alimentaria, la autonomía territorial y la permanencia en él. La cotidianidad familiar cambió, las comunidades anfibias del río son forzadas a desligarse del agua, de los peces que eran su sustento porque, ahora escasos, de baja talla y mucho más caros, son un alimento que ha tenido que ser reemplazado por otros como el huevo. La cultura de río está siendo sustituida por carreteras de polvo y un río artificial; la agricultura se ha limitado porque las crecientes ya no son naturales y por eso ya no se forman islas donde se sembraba para la subsistencia; la gente se tiene que contentar con trabajos temporales de las empresas que se convierten en motivo de disputas hasta en las mismas familias, o huyó por el conflicto armado que les tachaba de insurgentes y estigmatizaba sus procesos de resistencia y hasta sus lugares de nacimiento.

Y es que esta descampesinización está asociada a una reconfiguración del territorio hecha a sangre y fuego, en la que el sentido de la abundancia ha sido excusa para que la cuenca sea objeto de la rapiña. Lo paradójico es que, ante la magnitud de los impactos del desarrollo, la gente de la cuenca muchas veces relativiza los daños causados por el conflicto armado. Y es que la transformación de las dinámicas ecosistémicas y culturales del río causadas por la represa de Hidrosogamoso, el petróleo y los monocultivos de palma en la cuenca, generaron incluso más desplazamientos que la guerra y han dejado un paisaje de escasez que explica porque la gente muchas veces siente que el conflicto armado fue menor. Hablan de un antes y un después, no con respecto a este, sino con respecto a la construcción de la represa, que sienten que marcó un punto de inflexión definitivo de la vida que proyectaron para ellos y como legado para futuras generaciones: a “mí el conflicto me desplazó dos veces, pero usted sabe que el conflicto se acaba, en cambio la empresa viene y acaba con todo y no deja esperanza” (Cecilia Mantilla, 2021).
Pero la descampesinización no está solo asociada al desplazamiento forzado, sino también a lo que llamamos desplazamiento in situ, a la sensación de extrañeza en la propia casa, a la idea de que, sin moverse, ya no se está en el mismo lugar. Esto trajo graves impactos psicológicos, sentimientos como el desarraigo, la sensación de pérdida del territorio, la sensación de no futuro y la solastalgia. Claudia Ortiz del Movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, Ríos Vivos, explica que esta es una angustia psicológica específicamente causada por el impacto de desastres ambientales en la salud humana y que el término fue acuñado por el filósofo Glenn Albrecht en el año 2005.

Yo veo que el río no volvió a brillar, porque yo me acuerdo que nos sentábamos con mi marido a comer arepa de maíz pelado con pescado asado hacia un lado de la casa y el río brillaba, tenía vida. Tenía como un brillo de vida. Ahorita usted lo ve y no es el mismo. La alegría de la gente, el pescado, era todo muy diferente, es que no volverá a ser el mismo. Ni el río Sogamoso, ni el río Chucurí ni el río Lebrija, son ríos que ya volverán a ser los mismos, no tienen la misma fluidez que tenían antes. ¿Cómo le dijera? El cambio ha sido total. A nosotras las mujeres nos importaba era pescar, cultivar y sacar a vender a la carretera, ese era nuestro trabajo diario vivir. Ahorita le toca acostumbrarse a otras cosas porque ya no es lo mismo. No sé cómo más explicarle.

Lucely Cristancho, 2020.

Al afectarse el río se vulnera la salud de la “gente del río” que ama y cuida el territorio. Ahora hay muchas enfermedades mentales y físicas, hay dolor por el conflicto armado en en el que se asesinaron líderes, amigos y familiares, se tuvo que abandonar el territorio o se tuvieron que entregar los hijos a las guerras, la de las armas y la del desarrollo, que acabaron por ser una sola:

Hemos tenido que hacer un proceso de duelo y nostalgia. Yo soy hija de un pescador y toda la vida he estado en el río también con mi papá. Antes comíamos pescado tres, cuatro meses al año, teníamos pescado permanente en la casa y ya no tenerlo y ver a mi papá con seis atarrayas colgadas en la casa, con sus cuadros de nostalgia y depresión por no poder ya dedicarse a esa actividad que desarrollaba desde que estaba pequeño y que pasaba de padres a hijos, es muy duro. Al ser afectadas directamente, nos duele mucho más. Los ríos no tuvieron una despedida de la gente, de sus pescadores. Eso me dolió muchísimo, aún me duele. Sobre todo en el río Chucurí. Esa impotencia de la gente, del vestigio que dejó también el conflicto armado.

Pero es como también el dejar morir, ¿no? Lo mismo que muchas personas con los niños, que en el conflicto a veces los papás tenían que dejar que se les llevaran a los hijos, yo creo que ahora es lo contrario, los hijos del río dejaron que se lo llevaran, que lo mataran, prácticamente.

Claudia Ortiz, 2020.

Tantos elementos materiales e inmateriales de la cultura, las formas de vida, las costumbres y los saberes de la comunidad del río construidos durante siglos, son absorbidos por el desarrollo. Las personas mayores cuyas experiencias en la pesca y el campo eran la herencia para sus hijos, ven su presente como un sinsentido. Lo que antes eran elementos de trabajo, como atarrayas y remos, ahora están en sus casas como un triste recordatorio de lo perdido; por su parte jóvenes y niños ya no crecen con un río saludable, aprenden que es peligroso porque las compuertas de la represa se pueden abrir en cualquier momento, ya no conocerán especies y costumbres que hacían parte de la cotidianidad... el paseo de olla y las corraliadas, ya no existen.
Y fue así, tristemente como el amado río pasó de ser el centro de las culturas de las comunidades ribereñas a ser un territorio estratégico de la economía neoliberal y un espacio de disputa, convirtiendo a los habitantes en víctimas del conflicto armado sí, pero también en víctimas del desarrollo (Msdrsc, 2018). Dado que se considera que la territorialidad de las comunidades ribereñas es menor o atrasada, que sus formas de habitar, comer, vestir y vivir son incorrectas y dan lástima, se alaba una represa que “organiza” el río de manera racional, que aprovecha su potencial en términos económicos, que desde la lógica del capital establece el curso y caudal, pero que además convierte el territorio en paisaje para disfrute de otros.

“A las empresas como Ecopetrol les interesa venir y extraer las riquezas que les sirven a ellos y a uno le queda el problema de las aguas, de los animales y de la naturaleza afectada”.

Cecilia Mantilla, 2021

Todo lo expuesto busca llevar a la reflexión y acción sobre la urgente necesidad de que procesos como los que hemos abordado no se repitan, que la guerra y el extractivismo no se implanten en los territorios de nuestro país, que se analicen en su relación y no de manera aislada. Esta insistencia se debe a que muchas veces ha sido esta unión entre el conflicto armado interno y las industrias extractivas la responsable directa de la victimización de la población, al constituirse en base a la desaparición de las formas de vida de la comunidad, de su buen vivir en el territorio y al hecho de que no hay extractivismo sin descampesinización. Así, no se puede entender la óptica hegemónica del desarrollo sin analizar el despojo, el desplazamiento, asociado siempre a asesinatos, amenazas, torturas, violencia sexual, etc., en una relación, entonces, de causa-consecuencia, porque no hay guerra sin botín. Y es que es así como se ha comprendido el territorio y por ello en él se implanta la violencia al mismo tiempo que el extractivismo.

Todo ello deja en evidencia una gran responsabilidad estatal cuya prioridad debería ser el garantizar que cualquier tipo de inversión en el país se haga sin vulnerar los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional Humanitario. Si eso no se cumple plenamente, tampoco se debería permitir la inversión y, por tanto, no se puede seguir ignorando lo que tantos ejercicios de memoria han mostrado y es que son las empresas y los intereses privados los que se han beneficiado de la violencia ejercida por actores armados, legales o ilegales.

Unos fuimos responsables de la culpabilidad, pero para reconstruir memoria tenemos que sentarnos en una mesa todos, hubo muchas personas que tienen que sentarse a contar su verdad porque tuvieron que ver. (...) Hay muchos obispos, paracos y guerrillos. Hay muchas cosas que al país se le ha contado. Porque verdad se ha dicho y mucha, pero ¿por qué muchos del listado que entregamos no están detenidos o con órdenes de captura? ¿Por qué al pelado que trabajó con nosotros, hizo un homicidio, que está libre y trabajando como celador, mañana lo están capturando, pero por qué no a los empresarios, los dueños de tal sector o empresa?

Excomandante del BCB-AUC, 2021.

Como parte de las garantías de no repetición se debe asegurar que las ideas de desarrollo y extractivismo no se vendan como el modelo para construir la paz en la zona, cuando en realidad ese argumento se constituye en la forma de legalizar el botín en el que fue convertida la naturaleza. Es fundamental que el bienestar, que no es lo mismo que el desarrollo, se busque a partir de la mirada del buen vivir que tienen las comunidades, que sus formas de vida tengan un lugar central en la toma de decisiones en la región, no como enfoque. El buen vivir, no el desarrollo, es sinónimo de paz. Por ello tenemos que seguir investigando, trabajando con la comunidad para esclarecer la responsabilidad del sector extractivista en la huella de dolor que hay en el río Sogamoso y sus pobladores, para garantizar la no repetición de violaciones de Derechos Humanos en el marco de planes para garantizar la seguridad del sector empresarial y privado.
En ese camino falta trecho por recorrer, hay que esclarecer muchas verdades. Esta historia que hemos intentado contar se ha hecho desde la verdad de las víctimas y algunos actores armados, pero falta la verdad de la de las empresas, que también ha sido responsable de las heridas territoriales y comunitarias que ha dejado el extractivismo; la de políticos que promovieron y siguen promoviendo proyectos extractivistas fundamentados en el despojo y la acumulación; falta la verdad de las iglesias y su papel como facilitadoras de proyectos de desarrollo en la cuenca y, sobre todo, falta de la verdad sobre la responsabilidad del Estado y su aparato institucional y militar, sus políticas de seguridad y de extractivismo, e incentivos para la explotación de bienes naturales, bajo el manto de una utilidad pública que solo es provechosa para intereses particulares.

La falta de esas verdades deja en el aire muchos interrogantes, por ejemplo: ¿dónde están y qué se ha hecho con los listados entregados por el Bloque Central Bolívar de las AUC, con nombres de empresarios, políticos, religiosos y militares que se aliaron con los paramilitares en Santander?, ¿qué procesos o investigaciones se han iniciado contra estos terceros?, ¿cuál fue el papel de Isagén, Ecopetrol, Petrosantander, Indupalma y tantas otras compañías que explotan la cuenca del Sogamoso, en los hechos violentos que atravesaron a las comunidades ribereñas y en los que ellos terminaron siendo beneficiados directa o indirectamente?
La verdad, a cuyo esclarecimiento se quiso aportar con esta investigación, todavía tiene muchos vacíos, que día a día se van profundizando en medio de un contexto de violencia prolongada que sigue atacando a las poblaciones y disputándose la cuenca como botín y en el que las consecuencias del extractivismo muchas veces borran las de la guerra, porque la memoria es, evidentemente, dinámica. No por eso ese relato es menos legítimo.
Así, los ribereños de hoy, sin respaldo gubernamental, con el daño empresarial, viviendo en lo que consideran un río muerto y el territorio agonizante, deciden quedarse, persistir, incluso teniendo que darle una vuelta a los quehaceres que aprendieron de padres y abuelos, para poder sobrevivir. Resistiendo por, para y en el río Sogamoso.

¿De qué sirve una canoa en la orilla, una atarraya pudriéndose en el suelo y los ojos de miedo y tristeza viendo desaparecer el río? Sirven para defender lo que queda y exigir de vuelta lo que ha sido robado, sirven para fortalecer la unión comunitaria que se extiende más allá de la represa y busca remendar la vida. Ante la desaparición del hogar, las historias y los cantos, la gente empezó a narrar la resistencia y la defensa de la vida. Las aguas de los ríos Sogamoso y Chucurí han abierto un nuevo ciclo donde las mujeres y los hombres se han unido para defender:

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, 2018.