Rio SogamosoRio Sogamoso

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os incentivos y políticas que alentaban las transformaciones territoriales con miras a fortalecer la explotación de la naturaleza adecuaron/prepararon/configuraron las dinámicas de la propiedad rural en la cuenca del río Sogamoso, que se volcaron hacia la concentración de tierras en latifundios. Este imaginario profundizó los conflictos por la tenencia y uso de la tierra que habían estado presentes en este territorio incluso desde la Colonia, desplazando a la agricultura y la pesca.
Además del petróleo, la ganadería era otra de las actividades a las que cada vez se dedicaban más y más hectáreas de tierra, introduciendo pastos en los rastrojos después de los desmates. Esto tuvo un gran impacto en la calidad y fertilidad de los suelos, así como en la biodiversidad, disponibilidad y calidad del agua.
La ganadería tampoco fue exactamente una actividad espontánea, sino que se incentivó desde 1914 al transformar con la importación y mezcla del ganado cebú con las razas taurinas presentes en el territorio lo que implicó que las razas criollas, que hasta finales del siglo XIX dominaban los potreros y las ferias ganaderas de las provincias nororientales de Colombia, disminuyeran hasta casi extinguirse por completo. En Santander se mezclaba el engorde del ganado flaco en las tierras calientes cercanas a los ríos, con la cría de ganado de exposición y establo; para 1965 ya se hablaba de la ganadería en la zona como una actividad motivo de orgullo nacional:
“Hay una ganadería próspera, que mejora todos los días, que va venciendo los obstáculos de una naturaleza que parecía adversa (…) y que ha visto y coronado por el éxito ese esfuerzo, que es un estímulo para la inversión de capitales y un motivo de orgullo para el país”.

El Tiempo, viernes 24 de septiembre de 1965, p. 5

En el periodo 1958-1970 el Gobierno expresó claramente en los planes de desarrollo su interés por fortalecer las economías de explotación de hidrocarburos y ganaderas, haciendo caso omiso a lo que implicaba apoyar actividades tan fuertemente demandantes de tierra y agua, con tan alto costo para la biodiversidad, y en una de las épocas más duras de la violencia armada en Colombia.
Mientras los latifundistas se quedaban con el botín del conflicto, se empeoraba la situación de quienes buscaban tierra para poder trabajar, gentes para quienes el Estado no fue garante de sus derechos y los de la naturaleza en general, vista como un paquete de recursos con un único fin: su explotación. Así, la visión desarrollista que comenzó a imponerse con los primeros colonizadores de este territorio, se fortaleció, transformando a la cuenca del Sogamoso de maneras prácticamente irreversibles.

(…) aunque las tendencias de producción de la empresa (Ecopetrol) han mejorado recientemente, es necesario que incremente fuertemente sus actividades de exploración para tratar de hallar nuevas estructuras productoras y lograr así elevar sus metas de producción (...) en materia de refinación la Empresa ha hecho estudios preliminares relacionados con la instalación de una refinería de 30.000 barriles diarios; es absolutamente indispensable acelerar los estudios y la construcción de esta refinería para que pueda entrar en actividad en 1964 o en 1965.


Plan Nacional de Desarrollo, 1961.

Las políticas relacionadas con el aumento de la extracción de petróleo en el país impulsarían, entre otras, leyes como la 20 de 1969 que le otorga toda la autoridad al Gobierno para declarar reserva nacional cualquier área petrolífera del país y adjudicarla a Ecopetrol, sin necesidad de someterse al régimen ordinario de contratación y licitación. De esa manera, Ecopetrol podía seguir explotando los recursos directamente o en asociación con el capital nacional o extranjero.
Conjuntamente con la idea de reserva nacional, se le catalogó también a la explotación de hidrocarburos como de utilidad pública e interés social, categoría en la que posteriormente se incluyeron otras actividades como la minería y las hidroeléctricas. Una de las consecuencias es que la categoría de utilidad pública elimina la posibilidad de defensa ambiental ante los proyectos que alcanzan esa declaración. Así, municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí fueron foco de estas políticas y de sus impactos, sin poder opinar sobre ellos, en tanto fueron focalizados como nichos fundamentales para el crecimiento de la industria petrolera del país.
Sin embargo, las caídas en la producción petrolera en la década de los 70 hicieron que los nuevos Gobiernos se plantearan la necesidad de fortalecer el sector exportador más allá de los hidrocarburos, diversificando con productos de los sectores agrícola, ganadero y minero. Para ello, la infraestructura vial se hizo fundamental, tanto en términos de transporte terrestre como fluvial.
Por ello, el presidente Alfonso Lopez Michelsen en su plan Para cerrar la brecha, que se enfocaba en aumentar la exportación de productos provenientes de la extracción de bienes naturales a partir de nuevas exploraciones a yacimientos, concentró buena parte sus esfuerzos en adaptar y mejorar las instalaciones portuarias y la regulación de los servicios de movimientos de cargas.
Como resultado, entre los años 60 y 80 Santander se integró a la Red Nacional de Carreteras a través del Trayecto Oeste-Este de la vía Panamericana que atravesaría el departamento buscando comunicación con la costa Caribe. Como parte de ese proyecto vial, se construyeron una serie de puentes sobre el río Sogamoso como el Argelino Durán Quintero, con el fin de facilitar la exportación de materias primas y de productos agropecuarios que se explotaban en la cuenca. Esta infraestructura fluvial y terrestre estaba conectada a la importancia portuaria de ciudades como Barrancabermeja por ser eje de comunicación con el río Magdalena, que ya movilizaba más del 90% del tráfico fluvial nacional en la segunda mitad del siglo XX. Estos esfuerzos para desarrollar la infraestructura vial en Santander estuvieron enmarcados en el proceso de integración de América Latina a través de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), y el Grupo Andino entre Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador y Perú.
Con el fin de dinamizar la economía y fortalecer el desarrollo nacional, en el período presidencial de Misael Pastrana, con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo “Las cuatro estrategias”, buscó desarrollar también una política ganadera y agraria orientada a incrementar la productividad, con el fin de fomentar las exportaciones y mejorar la competencia en mercados internacionales. Además, así como el petróleo y la ganadería habían jugado un rol importante en las dinámicas económicas de la cuenca del Sogamoso, la palma de aceite fue promocionada para consolidar una economía empresarial que priorizaba la exportación.
En la misma línea, uno de los principales propósitos de Pastrana fue implementar megaproyectos de generación de energía eléctrica del país a partir de la construcción de centrales de gran tamaño que contarían con la participación financiera de varias entidades internacionales. A ello se sumaron los esfuerzos de Julio Cesar Turbay en 1978 por darle prioridad al sector eléctrico, de carbón y de gas.
De allí que desde los 60 se empezaran a generar las condiciones para la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del río Sogamoso, cuando se desarrollaron sus primeros estudios y se entregaron al Instituto Nacional de Aguas. Aunque la construcción de Hidrosogamoso inició apenas en el 2009, desde mediados de siglo se empezó a hacer evidente la importancia que tendría la energía eléctrica como pilar del desarrollo y crecimiento económico de Santander y del país.

La represa, además, es un ejemplo de la naturaleza como botín del conflicto, pues fue a partir de haberla usado como escenario de guerra que se logró vaciar el territorio lo suficiente para instalar este megaproyecto. Por esto, actores armados y no armados prepararon la zona para la llegada de la represa y lo hicieron transformando la tenencia y uso de la tierra por medio del desplazamiento, despojo y otro tipo de violencias.

Se destaca también un elemento muy importante de la naturaleza como víctima del conflicto armado interno: las comunidades ribereñas explican que cierta facilidad para la implantación de proyectos extractivos, por ejemplo la entrada de Hidrosogamoso, está relacionada con la potrerización y concentración de la propiedad de la tierra. Desde el Movimiento Ríos Vivos, Juan Pablo Soler indica que esa situación se reflejó en que no hubo un imaginario geográfico concreto que expresara la voluntad de defender muchas zonas, dejándolas inermes, como la gente, frente al despojo y explotación: “como muchas de esas comunidades fueron desplazadas, los territorios quedaron sin una cosmovisión campesina que defendiera el río, que procurara la no intervención de los caños, la sedimentación no tuvo enemigos, no hubo voces que pelearan por los cursos de los ríos” (2019).

Al mismo tiempo que más proyectos se desarrollaban, el Gobierno seguía incumpliendo al proyectar políticas y leyes sin tener en cuenta los contextos territoriales y clamores sociales de las poblaciones que allí habitaban. Ante la presencia militar y violenta del Gobierno contra campesinos, pescadores y trabajadores, algunos grupos políticos y sociales decidieron tomar las armas.

Sin embargo, el ELN se conformaría en 1964 por la articulación de jóvenes de la ‘Brigada Proliberación José Antonio Galán’, provenientes de la Revolución Cubana, núcleos campesinos de la guerrilla de Rangel, el movimiento estudiantil universitario y particularmente el de la Universidad Industrial de Santander, liderado por la Asociación Universitaria de Santander (Audesa), la Federación Universitaria Nacional (FUN), grupos sindicales, y fracciones de la Juventud Comunista y del Partido Comunista de Colombia (PCC).
Su conformación ocurrió en 1964, por la articulación de jóvenes de la ‘Brigada Proliberación José Antonio Galán’, provenientes de la Revolución Cubana, núcleos campesinos de la guerrilla de Rangel, el movimiento estudiantil universitario y particularmente el de la Universidad Industrial de Santander, liderado por la Asociación Universitaria de Santander (Audesa), la Federación Universitaria Nacional (FUN), grupos sindicales, y fracciones de la Juventud Comunista y del Partido Comunista de Colombia (PCC).
En esencia, en los años 60 y principios de los 70, la inserción en el ELN fue un éxito, logrando consolidar una zona de retaguardia en la Serranía de los Yariguíes, donde se asentaron con un imaginario geográfico que evidencia que, en todo caso, su visión territorial era desarrollista, como lo expresaron en el manifiesto que leyeron al terminar su primera acción guerrilla en el municipio de Simacota:
Y es que aunque el Manifiesto de Simacota fue una contrapropuesta al Gobierno, sus visiones de progreso tenían mucho en común, pues en ambos casos la naturaleza se entiende como un medio para el crecimiento económico, enfocándose en su explotación como generadora de lucro y, por tanto, de desarrollo. Por ejemplo, el aprovechamiento del petróleo seguía siendo un eje de discusiones, no por las consecuencias sobre el territorio, sino por la propiedad nacional o no de las empresas que se encontraban en la cuenca del río Sogamoso.

El ELN siempre tuvo una tendencia a confrontarse a (sic) las grandes multinacionales y tuvo una disposición a impedir el despojo de los recursos. Siempre estuvo del lado del desarrollo local y el aprovechamiento de los recursos con racionalidad. Siempre estuvo de acuerdo en construir la política del desarrollo, se relaciona con empresas y les dice que no se niega al desarrollo de la economía, sino que se niega al despojo y al saqueo, a la imposición unilateral de este tipo de explotaciones sin consultar con la gente del territorio. Y como último, el concepto del desarrollo no es para desarrollar la empresa a costa del deterioro del territorio.

Carlos Velandia, 2020.

A la presencia guerrillera del ELN en la cuenca del río Sogamoso se sumó en 1966 la llegada de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La disputa entre estas guerrillas llevó a que el territorio se delimitara por fronteras armadas, pues las guerrillas dividieron el Magdalena Medio: las FARC mandaban en la zona sur y el ELN mandaba en la zona norte. En el caso de la cuenca del Sogamoso, la llegada de las FARC a en San Vicente de Chucurí llevó a enfrentamientos con el ELN (frentes Manuel Gustavo Chacón y el frente Camilo Torres Restrepo), hasta que llegaron a un acuerdo temporal de establecer como límite el río Cascajales, entonces “las FARC del río Cascajales hacia acá. Y de ahí hacia allá el ELN. Cosa que por este lado llegó a delinquir el XXIII Frente de las FARC, el XII Frente de las FARC” (CNMH, 2019, pág. 35).
¿Qué hacía diferentes a estas guerrillas para que entraran en disputa cuando su objetivo parecía muy similar? Una de las respuestas está en la composición inicial de cada grupo. Esencialmente las FARC se conformaron por campesinos y líderes rurales en zonas de colonización que estaban influenciadas por el Partido Comunista, mientras que el ELN tuvo como principal foco estudiantes, sindicalistas y líderes de luchas populares más urbanas y obreras. Esto causó que la inserción de cada guerrilla se enfocara en territorios diferentes, según los lugares en los que esos actores sociales tenían más influencia.
En los 70 llegó también a la cuenca del Sogamoso el EPL con el Frente Ramón Gilberto Barbosa. Su surgimiento tuvo como base el activismo político del PCC-ML (Partido Comunista Colombiano - Marxista Leninista), el cual jugó un papel importante en el movimiento obrero de la cuenca baja durante la década anterior. Aquí se resaltan liderazgos como el de Libardo Mora Toro en 1963 en el marco del primer paro cívico en la historia de Barrancabermeja.
Como consecuencia de la correspondencia entre posturas políticas de las guerrillas con las luchas sociales del momento, se dio un fuerte ataque a la población rural estigmatizada por parte del Estado y de grupos de autodefensa que empezaban a nacer, como simpatizante de las guerrillas. Ahora se les acusaba de ser guerrilleros a los campesinos y pescadores, para generar sospecha sobre ellos, deslegitimar sus luchas y que su “eliminación” se viera como algo necesario para lograr el desarrollo, el crecimiento económico y la estabilidad de la región. Con esta estrategia se ha logrado infundir miedo, duda y temor que se tradujeron en heridas y huellas de dolor del conflicto armado interno en la cuenca, todo lo cual terminó evitando que la resistencia y defensa del río creciera y se fortaleciera.

La zona quedó marcada por historias de sangre, miedo y muerte ligadas a las cruentas persecuciones contra los movimientos sociales y sindicales y a sus resistencias heroicas.


Escuela Nacional Sindical, 2015.

La guerra empezó a permear los espacios de la organización social y política que había en la cuenca. Esta se estaba viendo influenciada por las dinámicas de lucha social en el Magdalena Medio santandereano que, según el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), entre 1966 y 1998 era liderada por: Anapo, Alianza democrática M-19, Esperanza Paz y Libertad, Partido Comunista, Unión Patriótica, A Luchar, USO, Frente Amplio del Magdalena Medio, Movimiento Obrero, Campesino y Popular de Sabana de Torres y el Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA). También hubo una importante influencia de los partidos tradicionales colombianos.
La estigmatización sobre la población rural se expresó de manera particularmente fuerte contra la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la organización campesina más grande de Colombia, que impactó con su lema “la tierra pa’l que trabaja”. En esta Asociación se agruparon campesinos y trabajadores que expresaban sus inconformidades y reclamos sobre un amplio rango de derechos irrespetados y promesas incumplidas por parte de sucesivos Gobiernos hasta donde les llegaba la memoria. Por ello en los 70, en el marco de la lucha por una reforma agraria, la ANUC lideró importantes movilizaciones y luchas campesinas en Colombia, incluyendo la cuenca del río Sogamoso.
Como parte de las luchas por la tierra, en el Magdalena Medio santandereano hubo toma de varias haciendas durante las décadas de los 70 y 80. En la cuenca del Sogamoso, estas invasiones y reasentamientos tuvieron lugar principalmente en la cuenca media, siendo estas grandes fincas los puntos de llegada de campesinos que huían del conflicto y buscaban nuevas oportunidades y tierras para vivir. Este fue el caso de haciendas como Montebello y La Leal:

“(...) pasó un tiempo y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, nos colaboró con el Incora para que nos hicieran una visita y declararan este predio como de extinción de dominio y posteriormente fuera adjudicado a los nuevos ocupantes. (El Incora) midió tierras, algunas de 10 hectáreas, otras de más, se hizo el loto donde se construyó la casa de la cual sacamos título. Como teníamos tanto niño pequeño, la Pastoral Social de Barranca nos mandó un profesor y construimos un rancho para que allí recibieran clase. Luego hablamos al municipio de Betulia para que nos diera materiales para construir la escuela que vimos hoy, que es en material, tiene vivienda para el educador, dotada de libros, computadores, nevera, televisor, grabadora, estufa, agua propia, útiles de cocina, botiquín. Esta escuelita ha tenido más de 25 alumnos por año.


Bencelardo Rodríguez Gallo, s.f., antes de la inundación de La Leal.

Estos procesos no se dieron de forma pacífica, por el contrario, se encuentran múltiples testimonios sobre la represión por parte del Gobierno y la fuerza pública, todo ello en el marco de la contrarreforma agraria que impulsaban grandes terratenientes y ganaderos, como narraban los campesinos que participaron en recuperaciones de tierras en Puerto Wilches: “ocupamos el predio y fuimos reprimidos duramente por la policía y el Ejército, por órdenes del alcalde, que a la vez seguía las del presunto propietario de la tierra. Nos encarcelaron y nos abrieron proceso por invasión de tierras” (Movice, s.f.).

Los testimonios de maltratos, torturas y todo tipo de comportamientos ilegales por parte de la fuerza pública y de grupos armados irregulares contra quienes buscaban repartir la propiedad agraria de maneras más amplias, son múltiples. El Ejército tuvo una clara posición de control sobre la población en la cotidianidad, pues impusieron salvoconductos indispensables para la movilización y cuyos costos y trámite (que tenía que hacerse en las cabeceras municipales), implicaban gastos onerosos y largas gestiones para las comunidades ribereñas. Esto lo retrata también el Movice en su informe sobre el Magdalena Medio santandereano:

Los campesinos tienen que ir en la fecha que ellos [el Ejército] establecen, así se retarden un día tienen que pagar la multa. Las cosechas se pierden porque a quienes llegan de afuera los abusan y les impiden trabajar expulsándolos o dejándolos detenidos (...)


El sargento Gallo y el capitán Peña están encargados de torturar, el comandante del Batallón, coronel Torres, allí el sábado, vendaron a todo el mundo, los uniformaron, les entregaron armas, les fotografiaron: los dejaron ocho días sin comer, en pie de día y de noche. Al presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Araujo le dio puños el sargento Gallo en el día y la noche. Lo soltaron sin decirle nada.
Movice, s.f.

Esta no era una violencia originada únicamente en diferencias ideológicas, sino que se hizo evidente que los terratenientes de la oligarquía liberal-conservadora, buscaban consolidar la propiedad de sus tierras por un lado, con el apoyo de la fuerza pública represora y, por el otro, respaldadas por una contrarreforma agraria con la que querían deshacerse de la Ley 135 de 1961 y de los procesos de titulación de tierras realizados por el Incora. Esta contrarreforma significó se materializó con la firma del Pacto de Chicoral de 1972 en el Tolima. De esta manera, la contrarreforma pasó a ser la reforma, es decir, la política agraria y de tierras tomó el rumbo que más favorecería a los terratenientes, empresarios agrarios y al sector extractivista.
Esta retroceso para el campesinado, definió el enfoque de la política de tierras en los planes de desarrollo que vinieron entre 1970 y 1990: Misael Pastrana (1970-1974), Alfonso López (1974-1978), Julio César Turbay (1978-1986), Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986 y 1990), que protegía la propiedad latifundista a través de programas de desarrollo rural que amparaban solo a los propietarios, dejando de lado el gran problema de formalización de tierras de los pequeños ocupantes y, con ello, aumentando la brecha de desigualdad en el campo. Esto fue de la mano con el fomento de una política ganadera y agraria orientada a incrementar la productividad, para aumentar exportaciones y mejorar la competencia en mercados internacionales. Estas acciones lo que buscaban era preparar aún más la zona para implantar mega-proyectos sin mayor resistencia.

Aunque debilitada por la violencia y por las políticas regresivas del Estado, a la efervescencia popular que generó la ANUC, se sumaron las huelgas obreras que cada vez lograban mayor alcance nacional. En ese marco, la USO fue un actor fundamental. De las múltiples movilizaciones que convocaron, en esta época fue emblemática la huelga nacional de 1973, que tuvo una importante participación de los trabajadores del sector petrolero de Barrancabermeja, quienes además lograron que otras agremiaciones se unieran a esta protesta en busca de la “buena explotación del ambiente”. La fuerza que habían logrado sindicatos como la USO, Sinagrapetrol, el Movimiento Obrero, Campesino y Popular de Sabana de Torres y el Sindicato de Palmeros, llevó a numerosos despidos, amenazas y violencia contra los trabajadores


Este contexto de conflictos agrarios y laborales estuvo atravesado por los actores armados ilegales y legales que estaban disputándose el control territorial de la cuenca del río Sogamoso. Para la década de los 80, la expansión territorial de las FARC, el ELN y el EPL encontró un freno en la ofensiva contrainsurgente que nació en el sur del Magdalena Medio y empezó a desplegarse hacia el norte de la región.

Los excesos cometidos por los actores armados y la situación de indefensión de las víctimas, obligaron a que, en 1985, se conformara la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, la cual empezó a recopilar toda la información disponible sobre desaparecidos en Colombia. Con ello se trató, hasta cierto punto, de medir los alcances de la violencia cometida contra diferentes sectores sociales, como el sindical. Para este caso en particular, según funcionarios del Ministerio Público, la mayoría de los eventos se referían a homicidios y hechos de violencia en contra de dirigentes sindicales y demás activistas de base.
Fuente: Castaño, 2015, p. 44 y 125

Las actuaciones represivas y violentas provenientes del Estado a través de la fuerza pública, contra campesinos, sindicalistas, obreros, políticos opositores y demás líderes y organizaciones sociales en la cuenca del río Sogamoso, contó con el apoyo de empresarios, latifundistas y campesinos que decidieron conformar grupos de autodefensas amparados en el aparato militar del Estado y en normativas que fueron surgiendo.

La desinstitucionalización de la lucha contrainsurgente se produce cuando la población civil es involucrada en el conflicto armado a través de la autorización e incentivo para crear grupos paramilitares dentro del marco legal vigente desde los años sesenta: el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968. Se trató de un momento histórico que, según señala el investigador Andrés Dávila, se puede catalogar como “subordinación obligada” y “autonomía clandestina”.


CNMH, 2015

Con este marco normativo, el Gobierno de Lleras Restrepo incentivó y, de cierto modo, autorizó la creación de grupos paramilitares para que operaran de manera similar a las fuerzas armadas, pero sin ser parte de ellas.


El foco de acción de estos grupos de autodefensa, en alianza con la fuerza pública, fue la población civil y, principalmente, las expresiones organizativas de base. Por ejemplo en la cuenca baja del Sogamoso se afectó directamente al Sindicato Agrícola de la Zona Petrolera de Ecopetrol, Sinagrapetrol.

En noviembre de 1964, su Asamblea General denunció que: “en los actuales momentos se vive un ambiente de continua incertidumbre motivada por la insistente actividad de las fuerzas armadas que andan por carreteras, caminos, cementeras, casas de familias, en los pueblos cercanos de nuestras regiones, exigiendo el sometimiento de los campesinos a una serie de requisitos como salvo conductos y otras obligaciones (...) mortificante movilización de la fuerza pública, de personal de detectives encargado de denunciar a campesinos injustamente (...)”.
Movice, s.f.

Estos grupos de autodefensa que empezaban a emerger y que recordaban de nuevo la época de los llamados pájaros durante La Violencia, llegarían a expandirse años más tarde en toda la cuenca del río Sogamoso. En los 80 nacerían las autodefensas de San Juan Bosco de La Verde de Santa Helena del Opón, más conocidas como Los Sanjuaneros, también de la mano de la fuerza pública, como estrategia para dar la lucha contrainsurgente a lo largo del río Sogamoso. Este modelo viajaría por la cuenca siendo la semilla de nuevos grupos ilegales que, aunque tendría cada uno su insignia, mantendrían el mismo modelo organizativo, armado y de alianzas, así como el mismo foco de acción: cualquier cosa que pudiera oler a subversión.