Rio SogamosoRio Sogamoso

Historia Capitulo 4

E

Estos grupos lograron una fuerza tal en Chucurí que se fueron expandiendo como un modelo militar a lo largo de la cuenca del Sogamoso, con el nacimiento de grupos de autodefensas con características y modus operandi similares, pero con distintos miembros y nombres. Es decir, esta expansión no es la de un mismo grupo bajo una sola comandancia, pues cambiaban de nombre, lugar de acción, apariencia, número de integrantes o apodos que les dieron los pobladores y las guerrillas, pero todos seguían los mismos patrones de origen y acción; por ello, lo que se expandió fue la idea o el modelo de organización armado y de alianzas y el mismo foco de acción. Se conformaron entonces agrupaciones similares, pero autónomas en cada territorio.
Entre los grupos de autodefensas locales que surgieron entre los años 1981 y 1991 influenciadas por el modelo de San Juan Bosco están los también llamados Sanjuaneros, Escopeteros, Grillos, Sapos, Caracuchos, Masetos, Comando Coronel Rogelio Correa Campos, Autodefensas Campesinas, Autodefensas del Carmen de Chucurí (ACC), FRPC, Justicieros del Mal, Ejército de los Pobres, La Mano Negra o El Grupo, los de Puerto Boyacá de Henry y Gonzalo Pérez, los Tiznados de Alfonso Saavedra (con particular influencia en la provincia de Chucurí), y San Vicente bajo de Marín Pedraza (CNMH, 2019).
Un grupo con gran relevancia fue el de los ‘Masetos’, que nacen con ese nombre como parte de una estrategia de terror para los habitantes locales y con la intención de confundir a las autoridades, ya que no estaban relacionados con el grupo MAS (Muerte a Secuestradores). Este grupo nació con el objetivo de acabar con las personas u organizaciones que simpatizaran con los movimientos de izquierda y, en ese marco, ejecutaron acciones con apoyo del Batallón de Infantería Luciano D´Elhuyar.
Años después, este tipo de actores armados terminaron siendo una de las bases de los grupos paramilitares. Por ello, en la cuenca se desarrollaron tres tipos diferentes de autodefensas y paramilitares que se distinguen por sus orígenes, mecanismos de acción, composición y estructura, pero que tienen en común las alianzas con la fuerza pública y la finalidad de eliminar a la subversión y oposición política. Además de Los Sanjuaneros y las autodefensas locales que nacen en la cuenca entre los 60 y 80, estuvieron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y Autodefensas de Santander y sur del Cesar (AUSAC), que se expanden hacia la cuenca entre los 80 y 90; y, más tarde, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que consolidarían el control paramilitar en la cuenca entre los 90 y 2000.

“¡Eso fue una guerra muy arrecha! Al mirar atrás muchas veces nos preguntamos cómo logramos sobrevivir a todas estas cosas”.


Movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, 2018.

A finales de los 80 inicia la expansión paramilitar de las Autodefensas de Puerto Boyacá comandadas por Henry Pérez, hacia el norte del Magdalena Medio. Estas campañas de expansión estuvieron, claro, enfocadas en replegar a las guerrillas y sacarlas de la zona, lo cual se tradujo materialmente en atacar principalmente a sus bases sociales y de apoyo, es decir, a los campesinos. Acá empieza entonces una época de violencia sin precedentes en la cuenca.
Las Autodefensas de Puerto Boyacá inicialmente consolidaron su proyecto en ese municipio, que declararon como ‘Capital antisubversiva de Colombia’. Allí, además de contar con las armas, también contaron con dos organizaciones de carácter político y económico: la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) y el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), ambas coordinadas por Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, quien posteriormente sería el comandante político de las AUC y del Bloque Central Bolívar, y tendría la tarea de organizar la estrategia paramilitar de toma de los poderes locales, regionales y nacionales, por medio de vías legales como las elecciones.
Para esa época, este grupo paramilitar iniciaría sus alianzas con el narcotráfico y empezarían a extenderse al resto del país. Su llegada a la cuenca del río Sogamoso estuvo en manos de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). En consecuencia, creció la capacidad de acción del paramilitarismo en la cuenca, tanto en términos militares, por el número de combatientes y capacidad operativa, así como de su control político, social y territorial.
Un elemento que tuvieron en común estos grupos paramilitares fue que nacieron de la mano de alianzas con sectores económicos y políticos locales. De manera similar a Acdegam, entre los años 1985 a 1995 surgieron los Comités de Solidaridad del Magdalena Medio para hacerle frente a la subversión, los cuales estaban integrados por la Texas Petroleum Company, el Comité de Ganaderos de La Dorada, los gremios Fedegan, Fenalco y Andi, las fuerzas militares, miembros de la iglesia y algunos sectores de la población en general. Dichos Comités estuvieron vinculados a casos de financiación de paramilitares y autodefensas, y de despojo de tierras (Peña & Ochoa, 2008).
En este mismo contexto, nacen a mediados de los 80 los grupos paramilitares del sur del Cesar y Santander (Ausac), comandados por alias ‘Camilo Morantes’, ligados desde sus inicios a los intereses políticos y económicos de la agroindustria, principalmente de palma y de los ganaderos de esta subregión, por lo que fueron financiados por los terratenientes y empresarios Rodrigo Pérez Álzate alias ‘Julián Bolívar’ (quien posteriormente comantaría el Bloque Central Bolívar de la AUC con presencia en la cuenca), Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, Salvatore Mancuso y Víctor Carranza (Suarez, I. 2015).
A mediados de los 80 las Ausac se expandieron al Magdalena Medio santandereano donde se concentraron en Sabana de Torres, Rionegro, San Alberto y Puerto Wilches. A partir de esta incursión, las Ausac ejercieron un papel predominante en el costado norte de las cuencas baja y media del río Sogamoso, hasta el momento en que se fusionan con las Autodensas de Córdoba y Urabá en los 90, y que luego conformarían el Bloque Central Bolívar de las propias AUC, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’ y Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’.
La presencia y control inicial que habían consolidado las guerrillas de las FARC, ELN y EPL, empezó a ser amenazada por el avance de los grupos paramilitares de la mano con las autodefensas locales y las unidades del Ejército presentes en la zona. Por el sur, las ACMM desde Puerto Boyacá avanzaban a través de la provincia de Chucurí hacia la cuenca media y baja del Sogamoso y por el norte avanzaban las Ausac que llegaban desde el sur del Cesar bajo el mando de alias ‘Camilo Morantes’ con el objetivo de tomarse la zona norte de la cuenca baja del río.

Al tiempo que estaba la guerrilla en el territorio, en los 80 llegaron también los paramilitares y empezó la pelea entre esos dos bandos por el territorio. Quedó la comunidad, los campesinos y pescadores en la mitad de ese conflicto. A finales de los 90 ya se podía ver que los paramilitares tenían más control del territorio, en acuerdo con el Ejército, pues, hasta se comprobó que los militares entrenaban a los masetos en los batallones de la zona. ¡Eso fue una guerra muy arrecha! Al mirar atrás muchas veces nos preguntamos cómo logramos sobrevivir a todas estas cosas.


Movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí en Santander, 2018.

El control que estos grupos ejercían no era solo armado, sino también social y político. Esta disputa por el territorio en la cuenca del río Sogamoso, tuvo también un carácter discursivo con respecto al desarrollo y a los proyectos extractivos que, en la práctica, se tradujo en lo que los propios actores armados llamaron “controles ambientales”. Pese a su nombre, su objetivo primordial no era garantizar las condiciones ecológicas sino dominar a la población ribereña, por ejemplo, estableciendo las vedas en la pesca y la caza, o imponiendo límites a la frontera agrícola. Aunque esas medidas pueden parecer o terminar teniendo un buen efecto para el ambiente, su intención original no era la de protegerlo, sino la de establecer límites a la cotidianidad de la población y controlar horarios y prácticas de socialización de pescadores y campesinos. Además, muchas de esas medidas habían sido muchas veces impulsadas por las propias comunidades, que no lograban respaldo del Estado para su cumplimiento.

Por un lado, los paramilitares impusieron “barreras de contención”, como en el caso de San Luis, donde hubo épocas en las que prohibieron totalmente la pesca, con excepción de los horarios específicos en los que autorizaban que la gente transitara el territorio. Las personas ya ni siquiera eran dueñas de sus actividades productivas. Como cuenta Blanca Nubia Anaya, “siempre existe gente terca” que quizás no creyó que estas advertencias fueran a ir tan lejos y menos pensar que por querer ir al río por unos cuantos bocachicos algo pudiera pasar, así que desafiaban la orden de los paramilitares para ir a pescar: “entonces alguien salió de allá y ellos estaban afuera con la linterna y cuando los vieron les gritaron ‘ustedes que se van y les rellenamos la canoa a plomo’ entonces les tocó acercarse a la orilla. Los interrogaron y los agarraron, los voltearon y les dieron. (...) Eso fue para que los otros aprendieran”.


Por su parte, las guerrillas como las FARC establecieron límites a la frontera agrícola:

Se trazó en el año 89 la franja amarilla que delimitó el territorio donde se podía trabajar en común acuerdo con organizaciones sociales y juntas de acción comunal. Se creó un libro donde se delimitaba tanto el terreno como la tala de árboles, la minería y se fijaron algunos derroteros de las líneas generales del trabajo y las líneas que teníamos nosotros que cumplir como combatientes del cuidado del medio ambiente (...) También teníamos reglas en el río Sogamoso, el río Lebrija, el Magdalena.

Excomandante de las FARC en Santander, 2020.

Además del control de prácticas cotidianas, también impusieron las estructuras comunitarias que les resultaban más funcionales, por ejemplo:

Las Farc obligaron a los pescadores a organizarse. La guerrilla indujo a que en todas las comunidades de pescadores tenía que crearse, tenía, no debía, crearse un comité de pescadores Ese comité de pescadores era para cuidar la ciénaga, para ordenar, para poner normas que hicieran respetar las playas, todo eso. Eso era lo de frente, pero en el fondo para ellos era tener control del territorio y saber quién entraba y quién salía; sí, saber eso era el propósito más importante de ellos.

Taller de memoria, Bucaramanga, 2012. Citado en CNMH, 2014.

Resulta destacable que las normas supuestamente ambientales de los grupos armados se aplicaran sobre las actividades que generaban menores repercusiones ambientales y territoriales en comparación con los proyectos extractivos, sobre los cuales recae la responsabilidad de los grandes conflictos socioambientales e impactos a la naturaleza, el territorio y las poblaciones. En ese sentido, los actores armados no estuvieron nunca en oposición a la visión desarrollista o a los megaproyectos, ya que su imaginario, en el fondo, era similar al de las grandes empresas, en cuyo marco la naturaleza es botín al servicio de quien pueda quedarse con él.

Es importante notar que los “controles ambientales” de los grupos armados, si bien pudieron generar algún tipo de impacto positivo en la protección de la naturaleza al mantener, por ejemplo, algún nivel de presencia de peces en el río, no tenían como finalidad su protección, sino el interés y necesidad de controlar a las poblaciones, en el marco de su estrategia militar y de posicionamiento en la cuenca como escenario de la guerra. Por lo tanto, se trata de una expresión del conflicto armado interno que no convierte a la naturaleza en beneficiaria de la guerra, pues entender el resultado de una acción violenta como una ganancia para las víctimas en este caso la naturaleza como escenario, botín y víctima de la guerra, le otorga a esas acciones violentas y a quienes las cometen una benignidad de la que carecen

Estos microcontroles sobre la naturaleza y sobre la vida de la población ribereña, eran solo una expresión de la violencia que se incrementaba. El despojo y desplazamiento de la población, por medio de asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, entre otros crímenes sucedían cada vez con mayor fuerza en la cuenca, pues fueron las formas de dominar el territorio para implementar los diversos megaproyectos en la cuenca.

Dentro de esa ola de violencia, otro de los actores que resalta en la cuenca es el Batallón de Infantería Luciano D’Elhuyar, ligado con los ‘Masetos’ y otros grupos de autodefensas y paramilitares. Y resalta por su largo prontuario de hechos de guerra y violaciones de Derechos Humanos que le son atribuidos. El más tristemente célebre es la masacre de Llana Caliente en 1988 en San Vicente de Chucurí. Hasta el momento no hay esclarecimiento de la verdad judicial ni las responsabilidades sobre este caso.
El orden en el que salieron las balas de los fusiles y pistolas, los bandos de quienes las dispararon e incluso el número de muertos y desaparecidos sigue siendo motivo de debate, mientras que, con orgullo, el Ejército resalta el nombre del coronel que comandaba esta Batallón aquel 22 de mayo de 1988: Rogelio Correa Campos. En homenaje, ese sería el nombre que utilizarían los paramilitares años después para nombrar una de sus unidades.
Haciéndole frente a la ofensiva paramilitar y a los incumplimientos del Estado con la población civil, miles de campesinos se habían concentrado otra vez en San Vicente de Chucurí para exigir el cumplimiento de los acuerdos del Paro del Nororiente firmados un año atrás con el Gobierno de turno. Si la población civil de Santander se manifestaba o protestaba, eran estigmatizados de guerrilleros, sus peticiones eran tachadas de estar adiestradas por la mano oscura de la guerrilla.

Incluso la prensa apoyaba la estigmatización afirmando “que las movilizaciones campesinas de Santander no eran sociales sino políticas, y que detrás del movimiento campesino se encontraban las organizaciones insurgentes” (CCEP, 2017) y se aseguraba que, “entre las peticiones contenidas en el extenso pliego que será entregado figuran puntos idénticos a los reclamados por el ELN en reciente declaración, como la eliminación de los contratos de asociación para la explotación petrolífera” (El Tiempo, 1987).

A pesar de ello, resulta bastante destacable que, aun en medio de la fuerte presencia armada y la estigmatización, el pueblo siguiera resistiendo y levantándose a luchar por sus derechos. Una vez más, el perrenque de la comunidad ribereña del Sogamoso salía a relucir.
Sobrevivientes de la masacre afirman que en una situación de tensión que se presentó, un campesino desafío las órdenes del coronel Rogelio Correa Campos y se negó a retroceder en la movilización. El comandante iracundo le ordenó a un soldado disparar, el soldado se negó y, como respuesta, un disparo directo en la cabeza fue lo que recibió. El sonido de la bala llegó a los oídos de todos y un tiroteo se inició. El segundo muerto fue el propio coronel. A pesar de su muerte y la de varios otros, el Ejército mantuvo la zona durante varios días en medio de las balas.

Las cifras de víctimas son inciertas, pues el silencio y el miedo todavía dominan el episodio. De lo poco que se supo fue que el río lo utilizaron para desaparecer a muchas de las víctimas, en un lugar que se conoce desde entonces como Hoyo Malo. Este lugar es una fosa común, un lugar irregular en la tierra donde se arrojaban cuerpos. Fue descubierto en abril de 1989, pero solo en 2019, por solicitud del Movice, un organismo del Estado (la JEP) tomó medidas para verificar si aún es posible encontrar allí restos humanos.

Todavía no es claro cuántos muertos fueron tirados a Hoyo Malo. Los chucureños dicen que son 50 y algunos se aventuran a decir que hay hasta 100. Otros, incluso afirman que allí han lanzado personas vivas en este hueco natural de 70 metros de diámetro y más de 100 de profundidad ubicado en zona rural de San Vicente de Chucurí. A la fecha, no se sabe cuánto de este lugar es mito y cuánto es realidad. Lo cierto es que el 22 de abril de 1989 el país y el mundo entero conocieron lo que para los chucureños era un secreto a voces, que en Hoyo Malo había una fosa común al pie de la carretera, a la vista de todos. Que a Hoyo Malo muchos llegaban, pero no todos regresaban.


Unidad Investigativa Vanguardia, 2019.

Lo ocurrido en este lugar es un claro ejemplo de cómo la naturaleza no solo es escenario de acciones violentas, sino también víctima de la guerra, por la estigmatización que sufren ciertos lugares por los que ya no se quiere o puede pasar, porque en últimas el río, sus cuevas, sus animales, sus aguas, acaban siendo vistas o convertidas en testigos silenciosos y obligados de actos criminales, cómplices de la violencia, como si fueran reclutados de manera forzada para tomar partido por los victimarios.

Y esto es solo uno de los numerosos sucesos en los que se acusa enfáticamente al Batallón de Infantería Luciano D’Elhuyar de haber sido el responsable directo de violaciones de DDHH, a partir de una íntima relación con los grupos paramilitares que operaban en la zona, ocurridos incluso dentro de sus instalaciones.

El 10 julio de 1988 los señores Luis Emilio Fandiño Rueda y Daniel Uribe Corredor fueron detenidos y torturados por un grupo de militares (…) en El Carmen de Chucurí. Luego de la aprehensión, las víctimas fueron conducidas a la Base Militar de San Vicente; en su permanencia en las instalaciones militares fueron torturados con amarradas durante 10 horas sin darles agua o alimentos, y además coaccionados a abandonar la región bajo amenazas de muerte. El 20 de julio de 1988, catorce campesinos serían asesinados por paramilitares miembros del Comando (paramilitar) coronel Correa Campos en la vereda Tres Amigos, en El Carmen del Chucurí. La mayoría de las víctimas habían participado en las marchas campesinas de mayo de 1988, varios de ellos miembros de una misma familia.

Daniel Ferreira, 2018.

Las denuncias contra el coronel Correa Campos y el Batallón no solo han sido hechas por las propias víctimas y las organizaciones populares, sino también por personas como el sacerdote jesuita y miembro del PDP, Floresmiro López Jiménez. Mientras tanto, el Ejército presume de los logros del Batallón D’elHuyar, que consiguió conquistar para la Nación a la naturaleza como botín de guerra, cuando afirma que sus acciones sirvieron específicamente para la implantación de proyectos extractivos, específicamente para la operación de Hidrosogamoso:

El desarrollo de operaciones militares y trabajos de acción integral y desarrollo en la región, así como los trabajos realizados por los soldados desminadores, permiten hoy brindar un respiro de paz, tranquilidad y desarrollo en una región que en otrora fue epicentro del conflicto armado y que gracias al trabajo articulado con la comunidad y demás autoridades civiles y territoriales, hoy dan cuenta de un territorio turístico que cuenta además con un desarrollo económico cada día mayor.

Hoy 37 años después, esta unidad se distingue por sus invaluables servicios y procura de la paz en toda la región, preservando no solo la seguridad de sus habitantes, sino además la Hidroeléctrica de Isagén, también conocida como Hidrosogamoso, uno de los activos estratégicos más importantes para Colombia, que produce el 10% de la energía eléctrica para el país.

Segunda División del Ejército, s.f.

Así, la ausencia e incumplimientos por parte de las obligaciones y compromisos del Estado con la población ribereña, tenía como contracara que los Gobiernos priorizaran la protección militar a agentes económicos, a costa de la población local. Esto se hace evidente, no solo por declaraciones como la del Batallón, sino aún más concretamente por los acuerdos de colaboración a través de convenios entre empresas y fuerza pública. De manera bastante problemáticas, varios de ellos destinan una parte del presupuesto para el “bienestar personal de los funcionarios”, entendiendo que el bienestar de militares y policías no está relacionado con sus actividades dentro de la institución, sino que consiste más bien en estímulos (Rutas del conflicto y La liga contra el silencio, 2019).
Adicional a ello, estos convenios y la militarización de campos petroleros, hidroeléctricas y zonas mineras, palmeras y ganaderas, ha arrojado alarmas en sectores políticos y sociales que denuncian que esta relación entre fuerza pública y empresas puede hacer que, de facto, las empresas se conviertan en los jefes de las unidades del Ejército y la Policía, pues dan los recursos para que los Batallones Energéticos y Viales les presten sus servicios (Cepeda, 2015).

Además de que estos convenios son un mecanismo de privatización de la fuerza pública amparados en la noción de seguridad nacional, en ocasiones se desvían de su propósito inicial e incluso sirven para financiar otras prácticas que pueden derivar en violaciones de los Derechos Humanos

Con base en la información disponible, encontramos evidencia de la existencia de convenios entre 2011-2016 que involucran al Ejército, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional con empresas del sector de hidrocarburos y energético, los cuales abarcan buena parte de los municipios de la cuenca del río Sogamoso. Pero la evidencia también muestra que la privatización de la fuerza pública y la militarización de la cuenca para la protección de proyectos extractivistas, iniciaron mucho antes con acuerdo tácito entre las partes. Como se mencionó, ya en la huelga de 1928 contra La Troco los trabajadores protestaban por la militarización de los campos petroleros; así mismo para los 70 se empezaba a reportar la presencia de militares en las protestas y huelgas de la USO.
Esa compleja relación entre fuerza pública y empresas extractivas tiene una directa correlación con hechos victimizantes y con la dinámica del conflicto armado interno. De acuerdo con el Cinep y Credhos (2004), los más de 300 casos de desapariciones forzadas que se presentaron en Barrancabermeja entre los 90 y los 2000 hacen parte de una estrategia sistemática y masiva que fue planeada y ejecutada, directa e indirectamente, por agentes estatales y/o para estatales, entre los cuales señalan la participación, por acción u omisión, del Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 7 con jurisdicción en Barrancabermeja, enfocado principalmente en la protección de los complejos petroleros de la zona.

En la gráfica se observa que el desplazamiento en la cuenca del río Sogamoso empezó a aumentar en 1985 y tuvo un primer pico en 1988; el aumento se mantiene con relativa continuidad hasta 1998 cuando sube de nuevo hasta 2000-2001, cuando se da el segundo y mayor pico de desplazamiento en la cuenca. Posteriormente se reducen en alguna proporción, aunque se mantiene alto hasta 2016. Los municipios más afectados por el desplazamiento forzado se encuentran en la cuenca baja del Sogamoso: Barrancabermeja, Puerto Wilches y San Vicente de Chucurí.

Fuente: Elaboración propia con datos de la UARIV (2020)

También resulta destacable que los picos de desplazamiento forzado en la cuenca del río Sogamoso inician en 1988, se mantienen en cifras altas con relativa continuidad hasta 1998, y luego alcanzan el mayor nivel histórico entre el 2000 y el 2001. Aunque luego se reduce en alguna proporción, se mantiene alto hasta 2016, afectando principalmente a los municipios de la cuenca baja, en especial, Barrancabermeja, Puerto Wilches y San Vicente de Chucurí.
Estos picos de desplazamiento coinciden con la militarización de los campos petroleros, principalmente relacionada con la creación del Batallón Especial Energético y Vial No. 7 (BAEEV 7) con jurisdicción en Barrancabermeja y zonas aledañas en los años 90, con la celebración de convenios entre empresas y fuerza pública a partir del año 2000 y hasta la actualidad; y con los periodos de expansión del paramilitarismo en las cuencas media y baja principalmente que, en alianza directa o indirecta con la fuerza pública, estableció su dominio territorial e implantó imaginarios y territorialidades hegemónicas en la cuenca, coincidentes con la visión territorial y las necesidades y prácticas del extractivismo.

La gráfica muestra los principales responsables de las desapariciones forzadas reportadas en la cuenca del río Sogamoso entre 1958-2015. Sin duda resalta la participación del Ejército Nacional y de las AUC, quienes, para el momento del mayor pico de desaparición forzada en la cuenca (1998-2003), controlaban la cuenca media y baja del río, donde se concentraron estos hechos.

Fuente: CNMH, Bases de datos, Observatorio de Memoria y Conflicto, fecha de corte: 15/09/2018

De la cuenca, Barrancabermeja es el lugar con mayor número de personas desplazadas, con una diferencia muy significativa frente al resto de municipios. Recordemos que este municipio, y en general la cuenca baja, fue transformado y controlado por paramilitares y actores económicos del desarrollo, en el interés de consolidarla como una ciudad eje de las economías de explotación y exportación del Magdalena Medio, donde se concentraran la industria petrolera y palmera. Las dinámicas del desplazamiento estuvieron, entonces, ligadas e intereses por la tierra, su tenencia y uso, tanto por parte de terceros como de actores armados

Hay que tener en cuenta que el desplazamiento forzado es un hecho que se presenta como consecuencia de otras modalidades victimizantes que los preceden y acompañan, con el fin de profundizar su impacto en la población, incrementar el miedo y la zozobra, y con ello lograr el éxodo de la población que deja a su paso tierras vacías. Las masacres, la desaparición forzada, la violencia sexual, la tortura, las amenazas, el secuestro, el reclutamiento forzado, los asesinatos selectivos, y las minas antipersonal en la cuenca del río Sogamoso fueron parte de una estrategia de desplazamiento, en tanto todos los actos de violencia se constituyeron en un mensaje imponente que buscaba que las víctimas abandonaran el lugar que habitaban. El desplazamiento fue, tanto en la cuenca como en el país en general, el principal hecho victimizante que hizo de la naturaleza el escenario, víctima y botín de la guerra.

Durante casi 20 años, San Vicente parecía no tener habitantes propios. En parte, por el mal funcionamiento del Hospital San Juan de Dios, pero también porque los padres no querían que sus hijos fueran registrados como originarios de este lugar, “pues decían que el pueblo era guerrillero”. Eso explica por qué en las cédulas de muchos jóvenes el lugar de expedición corresponde al puerto petrolero de Barrancabermeja a Bucaramanga, la capital departamental.

Verdad Abierta, 2016.

El asentamiento de las guerrillas en el territorio no tuvo como único interés la consolidación de una base social de apoyo para su proyecto de toma del poder, sino que su interés también fue el potencial extractivo que había en la cuenca. Así, las FARC, el ELN y el EPL se concentraron en Barrancabermeja tanto por sus niveles de organización social como, y sobre todo, por la posibilidad de sacar provecho de la explotación petrolera, a través de lo que en los años 80 se convirtió en el Cartel de la gasolina.

(...) el río fue una vía para transportar la gasolina. Ellos hacían unos ‘vikingos’ o ‘bolis’, unas cosas de un caucho muy fuerte y las llenaban. Las pimpinas también las llenaban con el producto; arriba por allá decían que había una “llave”, la llenaban; allá arriba había era paracos armados los que vendían eso y allá pagaban. Ahí la gente se venía por el agua (cuando eso el río tenía mucha agua), entonces cundían esos aparatos y se venían con la canoa, bajando con el motor apagado y por debajo del agua, con esos ‘vikingos’. Ellos bajaban hasta cierta parte, ahí la amarraban y ya después lo sacaban a lo seco y ahí distribuían el combustible, (…) por la vía en carros, carro tanques y camiones ganaderos que tenían camuflados y en esos echaban cantidad de combustible para otra parte.

Blanca Nubia Anaya, 2020.

Para el funcionamiento del Cartel de la gasolina, el río Sogamoso cumplía un papel central, en tanto sus condiciones geofísicas permitieron que fuera utilizado como la vía de ingreso de los insumos, de movilidad de las tropas, de almacenamiento e incluso, acceso a los de extracción, ya que en muchas ocasiones los huecos o ‘enchimbres’ de donde se robaba el combustible, se ubicaban en los oleoductos que pasaban a orillas de los ríos. Nuevamente, el río fue reclutado forzadamente y disputado por las armas durante el conflicto, victimizado.

Talamos árboles y amarramos canecas de combustible en estos troncos, entonces las canecas se hundían y estos troncos flotaban en el río; después los pelados sacaban las canecas y así recuperábamos el combustible, pero obviamente éramos consciente del daño ambiental que estábamos causando. O los famosos ‘bolis’, unos empaques gigantes que los taponábamos y enmallábamos y los tirábamos al río, mandábamos a un campesino, un pescador en una canoa, pero en realidad iba detrás de los bolis, para más adelante recoger 1000-3000 galones de gasolina y así la fuerza pública y las mismas pirañas que estaban cuidando los ríos no se daban cuenta.

Excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, 2021.

En un principio, fueron las guerrillas quienes se beneficiaron del hurto de la gasolina, que se insertó bien en su economía basada, fundamentalmente, en los impuestos extorsivos a empresarios de la cuenca.

Cada uno tenía fuentes de financiación diferente, el ELN manejaba sindicatos y hurto de combustible, las FARC y el EPL se dedicaban al negocio del comercio, el puerto y el narcotráfico. El ELN no tenía una estructura dirigida por ellos, sino le llegaban bandas dedicadas al hurto del combustible que le pagaban un impuesto semanal, pero les decían que no solo pagaban el impuesto, sino que ponían a trabajar gente de la zona con radios y con armamento, para la seguridad de cuando se hurte el combustible.

Excomandante del Bloque Central Bolívar, 2021.

Las guerrillas armaron lo que se empezó a conocer como el Cartel de la gasolina, pero pronto los paramilitares de las ACCU y las AUC tomaron el control del negocio, logrando expandirse y crear una economía ilegal bastante sólida, que cambió un poco el sistema. Además, al quitarle a las guerrillas una de sus principales fuentes de recursos, los paramilitares presionaron su repliegue al sur de Bolívar.

Con la llegada de los paramilitares el sistema cambió. Cuando las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), comandadas por Guillermo Cristancho, alias ‘Camilo Morantes’, incursionaron en Lebrija, empezaron a extraer directamente el hidrocarburo. Así, para finales de los años 90, las AUC se consolidaban como las principales responsables del tráfico de combustible hurtado en Santander.

Verdad Abierta, 2012.

Nosotros eso (de la gasolina) lo heredamos, porque cuando llegamos a Barranca ya lo hacían, solo que las FARC, el ELN y el EPL que vivían en la zona, se lo disputaban los tres.

Excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, 2021.
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Estaban los paramilitares, la Policía y gente de todas partes. Unos llevaban gasolina al Batallón, la Policía para Zapatoca, El Carmen... Era impresionante. Por mi trabajo yo los escuchaba y unos vecinos estaban metidos en eso. Era difícil no verlos pasar, eran caravanas de camionetas principalmente, donde cargaban bastantes pimpinas. En sectores como La Playa utilizaban el río para mover la gasolina. Uno lo naturaliza viendo a los militares y la policía involucrados en ello. Entre la legalidad y la ilegalidad no se puede decir que hubiera diferencias.

Claudia Ortiz, 2020.

Para 1997 el negocio ya estaba totalmente en manos de los paramilitares, con toda la complicidad de muy diversas personas, incluyendo trabajadores de Ecopetrol, la fuerza pública, comerciantes, empresarios y población en general que encontraba algún tipo de lucro o que era presionada para mantener funcionando los engranajes del Cartel de la gasolina, en cuyo entramado todos contribuyeron para hacer del río un escenario y víctima.

En Ecopetrol siempre se ha hurtado combustible desde adentro, con los camaradas, los paracos, con equis, con ye. Es muy difícil controlarlo y la excusa es que por el calor de esas zonas el combustible se evapora. Mientras que nosotros teníamos que montar y articular todo un esquema para robar una mula, en Ecopetrol llegaba una, la llenaban y decían despáchenla a la estación de servicio del señor Pedro Pérez. Entonces llaman al camarada y le dicen que ya no pueden justificar los 50.000 galones robados entonces necesito que me vuele el tubo en tal sector para legalizar los 50.000 más otros 100.000 que ya tengo vendidos, ¿y por qué en una fuente hídrica? Porque así los que hacen la recuperación del combustible no lo pueden cuantificar, por eso no lo hacen en un sector seco. Pero 85 cuando se han robado 200.000 galones más los 20.000 que se regaron, pero no se pueden medir esos porque ya se fueron por el río entonces dicen ahí está la pérdida. Aún lo siguen haciendo, bien, están legalizando sus 50.0000 galones por los afluentes hídricos que nadie puede sacar una ecuación y decir que es tanto, en la tierra sí.

Excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, 2021

Así, se convirtió también en la principal fuente de financiación del bloque más grande que tuvo las AUC en Colombia, el Bloque Central Bolívar, el cual amplió el mercado ilegal, no solamente traficando crudo y gasolina, sino los demás componentes y sustancias que salen de la extracción petrolera y que se transforman en las refinerías de Barrancabermeja:

Nos compraban ACPM y gasolina, pero llegaban personas de Bogotá, de la costa que nos decían que utilizáramos el tubo para pasar Varsol, que me tenían el negocio para venderlo en Bogotá. Cuando lavan el tubo, tiran el crudo y le pasan un disolvente, eso es varsol más concentrado. Otros, que el negocio para que vendan el gas, otro que tenía el negocio para vender el crudo a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena para los buques, que vendiéramos el JP que es la gasolina de aviones, entonces creamos toda una infraestructura.

Excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, 2021

Lo anterior pone en evidencia que sin el involucramiento de esos actores, sin la permisividad y participación de la fuerza pública y sin la existencia de una demanda de empresarios y comerciantes, el Cartel de la gasolina no había llegado a convertirse en la principal fuente de financiación del paramilitarismo en la cuenca del Sogamoso. Además, este cartel estableció un engranaje que pocos años después serviría para la consolidación del Cartel de la droga en el río Sogamoso. Esa arquitectura de financiación del paramilitarismo se alimentó también de posibilidades de lucro que brindaban otras economías legales.

Nos servía que llegaran empresas que le inyectaran capital a la zona. (...) Si llegaba una empresa y le daba trabajo a la gente de la zona, nos fortalecíamos. Independientemente si era Isagén, Ecopetrol, Indupalma. Si llegaba a la región, a veces se negaban que porque eran políticas de la empresa y se les decía pues paran la construcción y a quien esté ahí lo matamos. A los dos, tres días nos buscaban los ingenieros de la obra, que los dejáramos trabajar, se les decía y terminaban accediendo a nuestras peticiones. Eso era lo que hacíamos.

Excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, 2021.

El petróleo, junto a la ganadería y la palma, facilitó la entrada de gran inversión privada a la cuenca del río Sogamoso, y también consolidó el contexto que facilitó o propició el relacionamiento entre fuerza pública y grupos paramilitares en tanto, al final, todos perseguían el mismo objetivo: hacer del Magdalena Medio santandereano un foco importante del desarrollo y del crecimiento económico del país, basado en explotación de materias primas.
Para ello, se reorganizó la estructura de la propiedad y usos de la tierra y, con ello las estructuras sociales, de forma que se lograra implantar el modelo extractivista en territorios con una base social debilitada o ausente por la violencia, que no tuvo la fuerza para poner mayor resistencia.

Las disputas por el control de este lugar estratégico entre actores armados convierten al territorio en escenario del tráfico de estas mercancías e insumos. En esas disputas el fin es quedarse con el botín, por lo que se necesita mantener el control, no solo del petróleo y la gasolina, sino también de otras economías del paquete extractivista como la ganadería y la palma.