Rio SogamosoRio Sogamoso

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Y es que desde años anteriores, mientras Álvaro Uribe Vélez ocupaba la presidencia, el imaginario geográfico sobre los ríos había cambiado, estos se veían como bandas transportadoras de productos que procedían de la cuenca baja del Sogamoso y necesitaban en su proceso de extracción una gran cantidad de energía que se generaba en centrales como Hidrosogamoso (OCA-IDEA, s.f). Esta hidroeléctrica además fue declarada como zona franca eximiendo a Isagén de pagar IVA, impuestos arancelarios y reduciendo su renta a la mitad desde el inicio de sus operaciones
Lo que eran ventajas y ganancias para unos pocos se sostenían sobre una serie de problemáticas que empezaban a afectar fuertemente a la población. La construcción de Hidrosogamoso implicó el reasentamiento forzado de 167 familias de Betulia (Ríos Vivos, 2013), 42 de San Vicente de Chucurí, otras 73 negociaron un acuerdo con Isagén para ser reubicadas en el predio Santuario (ANLA Auto 2684 de 23-JUN-2016, p.27, 31) por solo citar algunos ejemplos. En suma se afectarían alrededor de 4.293 familias, 16.335 personas en total (Estrada 2016; Defensoría del Pueblo, 2017, p.63; ANLA, Auto 5951 de 28-SEP-2018, p.19), aunque la comunidad dice que fueron más y culpan a Isagén de no conocer las realidades del territorio y no haber previsto tal afectación.
La construcción de Hidrosogamoso ha sido el golpe más duro que nos ha tocado vivir como población ribereña.

Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí en Santander, 2018.
Hidrosogamoso reconfiguró el territorio, cambió la forma de vida de sus pobladores, desde diciembre del 2014 cuando terminó el llenado de la represa y esta comenzó a generar energía, las condiciones del territorio y de sus habitantes se modificaron radicalmente de manera negativa, como bien observan algunos testimonios:

El ambiente se ha enrarecido, gases provenientes de la putrefacción de la materia orgánica (metano y ácido sulfhídrico), han colmado el ambiente que respiran las comunidades de La Playa, El Puente, Marta, Tienda Nueva, El Peaje, ocasionando dolores permanentes de cabeza, náuseas, ardor en los ojos, falta de apetito y desesperación en los pobladores. Por otra parte, en las madrugadas se han evidenciado grandes cantidades de peces muertos aguas abajo de la represa, sin que hasta el momento ningún funcionario de la empresa haya ido a dialogar con los pobladores ni tampoco la autoridad ambiental.

Ríos Vivos Santander, “Si Hidrosogamoso es desarrollo, el desarrollo nos huele mal”, comunicado del 13 de enero de 2015

Esta priorización de las empresas sobre los pobladores se debe a la Ley 56 de 1981 que declaró de utilidad pública e interés social “los planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las zonas afectadas”, permitiendo la expropiación por parte de la administración de bienes particulares con el fin del bien común. Esto realmente ha servido para beneficiar a las empresas con privilegios que incluyen rebajas tributarias, es decir, ganan mucho y pagan poco. Isagén entraría dentro de estas empresas puesto que al ser una empresa que genera y comercializa energía presta un servicio público y por lo tanto la zona de la represa fue declarada de utilidad pública.
Dichas ventajas han llevado al nacimiento en Colombia de una especie de hidrocracia, conformada por algunos grupos de poder que controlan y dominan el agua por medio de alianzas entre políticos, financiadores internacionales, firmas de ingeniería, empresas de energía y servicios públicos nacionales y transnacionales; sin dejar de lado por supuesto la relación que existe entre este sector y los grupos armados que fortalecen su control hídrico y fomentan el despojo para usufructuar los bienes comunes. Esta manera de ejercer control sobre los recursos hídricos en la cuenca del río Sogamoso fue apoyado por políticos, gremios económicos, religiosos, grupos armados, e incluso por organizaciones sociales de la región, que no se opusieron al proyecto ni apoyaron las acciones de resistencia y defensa del río y el territorio, sino que facilitaron la entrada del megaproyecto.
Y esto es apenas una pequeña parte de todo lo que implica este megaproyecto, pues a veces se ignoran cuestiones como ¿cuál es la necesidad o racionalidad de la generación eléctrica que se proyecta en este territorio?, ¿las comunidades ribereñas están de acuerdo?, ¿qué pasa con el desarraigo cultural que causan estos proyectos?, ¿cómo se compensa a los afectados por todos los daños? o ¿cuál es el beneficio real del desarrollo? Y de todas estas preguntas hay que decir que si hay algo claro, es que la comunidad ribereña no se tuvo en cuenta para la implantación de Hidrosogamoso en su territorio, y que, comparativamente, los beneficios que ofrece este proyecto se quedan cortos frente a la pérdida de la identidad, el despojo económico, social, cultural, psicológico, y por supuesto el natural.

Nos transformó la geografía, nos corrió el mapa. A Betulia, por ejemplo, Hidrosogamoso la partió en dos. Eso mismo pasó con nuestra vida, que está rota en dos, antes y después de que se construyera ese muro y se desviara el río. Ha sido un despojo de nuestra identidad.

Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí en Santander, 2018.

También en el aspecto natural Hidrosogamoso afectó el territorio, el desvío del cauce del río Sogamoso en febrero de 2011 modificaría las dinámicas del mismo y su fauna. Años después, en junio de 2014 y por una falla eléctrica de la represa, el río no tuvo agua durante 12 horas, causando una mortandad de peces sin precedentes. Además, la represa como una barrera física que regula de manera artificial el cauce del Sogamoso ha afectado especies migratorias de peces, como el bocachico, la dorada, la picuda, el bagre tigre, entre otras, especialmente durante las temporadas de subienda. Así, Hidrosogamoso convirtió al río en algo artificial, le robó su alma.

El pescado comenzó a escasear al asentarse la industria extractiva en la región. El río y las ciénagas se convirtieron en un vertedero de desechos y, sin importar el papel que jugaba para las comunidades allí asentadas, pasó a ser, más que una fuente de vida y comida, un renglón de la economía energética y extractiva del país.

Tatiana Roa y Bibiana Duarte, 2012.

A estos cambios en el sistema hídrico y biológico del río, se sumaron las afectaciones en las dinámicas sociales y comunitarias de las poblaciones que vive con el río Sogamoso. Con la llegada de la represa los jóvenes y niños ya no pueden o no les gusta bañarse en el río porque es sucio, peligroso y los enferma. La diversión ya no implica una relación con el agua y el disfrute del río, pues apenas si se entretienen arrojándole piedras. Ellos saben que ya no crecerán con un río vivo y saludable, aprenden que “el río es peligroso” porque en cualquier momento se pueden abrir las compuertas de la represa y ponerlos en riesgo, o porque sus aguas ahora traen más enfermedad que bienestar.

Para las mujeres Hidrosogamoso ha roto también su proyecto de vida. Sin indemnizaciones específicas y apenas consideradas por Isagén como un actor más, el impacto en las vidas de las mujeres es aún más fuerte, pues tienen pocas posibilidades e interés en hacer parte de los proyectos extractivos, no tienen cabida en el imaginario del desarrollo y han perdido la autonomía que tenían antes de que existiera la represa, mientras que los hombres fueron prioritariamente reconocidos como afectados. Ellas sienten, entonces, que se quedaron solas peleando por el territorio y por el río, mientras casi todos ellos se acomodaron más fácilmente a la represa con las promesas de trabajo de Isagén.

A las mujeres nos importaba cultivar, pescar y sacar a vender a la carretera, ese era nuestro trabajo. Ahora nos toca acostumbrarnos a otras cosas, porque ya no es lo mismo.

Lucely Cristancho, 2020.

Para la gente la represa marcó un cambio tan significativo, que hablan de su vida en términos del antes y el después y de la cuenca como determinada por un arriba y un abajo. Además, cada vez más se depende económicamente de las actividades externas, por demanda, que requieren las empresas de manera esporádica, lo que pone a la gente a competir entre ellas para conseguir un contrato temporal, por lo que el supuesto desarrollo vuelve a convertirse en un factor de conflicto. Como resultado, los mismos pobladores ya no sólo se declaran como víctimas del conflicto armado sino como víctimas del desarrollo, principalmente por el proyecto hidroeléctrico que les partió la vida en dos. Así, ha tenido lugar un fenómeno de desplazamiento in situ, ya que para quienes persisten en el territorio, la vida es una sensación constante de que ya no están habitando en el mismo lugar.

Los ríos de la vida y la alegría se fueron volviendo ríos botaderos, ríos muerte, ríos balas, y luego ríos sin pescado, ríos sin barrajobos, ríos acuario… ¿ríos?

Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí en Santander, 2018.

En síntesis, la creación de Hidrosogamoso como una empresa, se hizo sencilla como ya mencionamos, debido a las facilidades que el Gobierno otorgaba a las empresas y el sector privado, pero no fue la única, pues también se empezaron a ofrecer varios estímulos para la extracción de crudo. En primer lugar, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos que otorgaba el 10% de sus activos al sector privado con miras a atraer inversionistas. Así, ya no era necesario asociarse con Ecopetrol para la explotación del crudo, y algunos impuestos se eliminaron y se ofrecieron exenciones tributarias.
Ahora, no podemos dejar de anotar el contexto en que todo esto sucedía. Había empezado el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) cuando se estableció una política denominada como Seguridad Democrática, que buscaba la recuperación del control estatal en las zonas donde estaban concentrados los grupos armados ilegales. Dicha política logró disminuir los sabotajes a la infraestructura, los ataques a las propiedades y se logró restablecer la movilidad vial (DNP, 2006, Tomo I, Cap. II, p. 41), pero al mismo tiempo empeoró la situación de derechos humanos en las zonas de influencia de proyectos catalogados como claves para el desarrollo. Aumentaron las cifras de desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, capturas masivas, amenazas, torturas y ejecuciones extrajudiciales por fuerzas estatales o “falsos positivos” (CNMH, 2013, p.180).
Como hemos visto en anteriores capítulos las dinámicas de exploración, explotación y exportación de petróleo hicieron que esta industria implicara, desde sus inicios, un componente fundamental de militarización de sus zonas de influencia para brindar seguridad y confianza a los empresarios del petróleo, lo cual marcó las dinámicas de relacionamiento de esta industria con los pobladores de los municipios petroleros y con los actores armados que allí tenían presencia. De esta forma, a las alianzas entre paramilitares y fuerza pública, existentes desde el nacimiento de los primeros, se sumó el impulso y fortalecimiento a la seguridad de las empresas extractivistas y sus complejos, tanto por la política de seguridad para el sector minero-energético (particularmente impulsada por los gobiernos desde inicios del siglo XXI), como por los esquemas de pacificación del Plan Colombia y la Seguridad Democrática.
El sector extractivo no solo fue una prioridad para los gobiernos nacionales de esta época en su aspecto económico, sino también un eje central en las políticas de seguridad del país, las cuales se orientaron hacia el cuidado de la infraestructura del sector minero-energético por parte de la fuerza pública. Si bien existieron alianzas de facto entre empresas y fuerza pública desde inicios de la explotación petrolera en la cuenca del río Sogamoso, el pico más alto de esta relación se evidenció entre 2000 y 2015. En este periodo, el Ejército Nacional empezó a desarrollar convenios concretos con el sector de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas, al igual que la Policía Nacional, que hizo lo propio entre 2000 y 2013, principalmente con el sector de hidroeléctricas.
Estos datos resultan preocupantes cuando encontramos casos como el del Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 7 con jurisdicción en Barracabermeja el cual fue creado en los 90 para proteger la economía extractiva a lo largo de la cuenca del río Sogamoso, y ha sido denunciado por organizaciones como CINEP y Credhos (2004) por su presunta participación en más de 300 casos de desaparición forzada en Barracabermeja durante el periodo de control paramilitar, ya fuese por acción u omisión.

En su siguiente periodo presidencial (2006-2010) Uribe Vélez, mantuvo su plan de desarrollo, apoyando al sector privado como eje central para el crecimiento económico y la generación de riqueza. A través de la Seguridad Democrática, el 2 de diciembre de 2005, el Bloque Central Bolívar de las AUC entregó sus armas en Remedios, Antioquia, también lo hicieron los frentes Walter Sánchez y Fidel Castro, tristemente, el proceso fue más bien mediático puesto que a los pocos días, muchos de los desmovilizados ya estaban de nuevo empuñando las armas y disputándose de nuevo la cuenca del Sogamoso como botín.

Dándole continuidad a la Seguridad Democrática, el presidente Juan Manuel Santos en su plan de desarrollo Prosperidad para todos, siguió manteniendo un enfoque extractivista y latifundista, y fue ahí cuando el sector minero-energético, y por ende Hidrosogamoso, adquirieron gran importancia, puesto que se afirmaba que era un importante mercado con infinitos beneficios. Pero esos infinitos beneficios no eran comparables con la magnitud de los daños que ocasionó. Solo en el plano social se evidencian las fuertes oleadas de desplazamiento que generan estos proyectos. Según el informe de la Comisión Mundial de Represas en el año 2000, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por este tipo de proyectos, entre estos está, claro, Hidrosogamoso.

Para nosotros es muy claro que este proyecto es mucho más que un muro y un espejo artificial de agua, mucho más que una casa de máquinas que genera energía eléctrica: es el rechazo a nuestras formas de habitar el territorio, es el despojo de nuestras vidas por avaricia, es el control de las aguas, su privatización, y con ellas el control de nuestras vidas. Es una forma de colonización con la que volvieron mercancía lo que en realidad es una fuente de vida, un bien común.


Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí en Santander, 2018.

Los fenómenos de desplazamiento forzado, la violencia de parte de la fuerza pública a civiles que se oponían a este proyecto, la ausencia de indemnizaciones que permitiera la reconstrucción real de los proyectos de vida destruidos, fueron algunos de los detonantes de una oleada de movilizaciones sociales a lo largo y ancho de los municipios de la cuenca del río Sogamoso. Movilizaciones surgidas en aras de la defensa del territorio, una tarea difícil para las comunidades ribereñas que debían enfrentarse a las economías excluyentes, la ilegalidad y la zozobra cotidiana por atreverse a mejorar sus condiciones de vida y querer vivir bien. En anteriores capítulos se ha anotado como este territorio ha sido uno de resistencia desde siempre. Indígenas, pescadores, campesinos y obreros han luchado fuertemente, han resistido en contra de los embates del progreso que violentamente ha cambiado su vida, su identidad y su territorio. Dichas luchas han llevado a que la población de esta región fuese catalogada como insurgente y subversiva, estigmatizándolos y creando un clima de miedo general entre los habitantes.

El gerente de Isagén dijo que éramos unos terroristas por haber secuestrado a los trabajadores de la obra el día del paro. Lo único que hicimos fue no dejarlos salir a trabajar ese día. Es la única manera que le pongan cuidado a uno.
Tatiana Roa y Bibiana Duarte, 2012.

Es que ni las guerrillas y menos las organizaciones políticas de izquierda han hecho oposición directa a la represa, al desarrollo basado en la violencia. Por el contrario, la resistencia y defensa del río y el territorio ha estado en cabeza de los hijos e hijas del Sogamoso, que no se han quedado de brazos cruzados frente a las injusticias y en las últimas décadas empezaron a hacer sentir sus voces. Sin embargo, el principal argumento para atacar de forma violenta y para justificar estos ataques contra las comunidades ribereñas ha sido su supuesta relación con grupos insurgentes.

En el 2009 se realizaron múltiples movilizaciones que denunciaban la nula participación en el proceso de revisión de la licencia ambiental de Hidrosogamoso y el rechazo a la licencia original concedida a esa represa en el año 2000, puesto que nunca se tuvo en cuenta a la comunidad. Dos años después, en el 2011, mientras el río se transformaba los habitantes realizaron una protesta pacífica demostrando su inconformidad, pero serían desalojados violentamente por parte de la Policía Nacional que priorizó el interés de la empresa sobre los habitantes, como ya hemos mencionado antes.

La fuerza pública tiene rato que por aquí ni fú ni fá. Muchas veces hay problemas, los llaman y se demoran en venir o no vienen. Y en las marchas que hacemos ellos están pendientes. Incluso hubo una marcha que hicimos que vino el Esmad, pacíficos, pero ahí al lado de nosotros. (...) A medida que se construía la represa y ya para terminar. Para cuidar la represa tienen una base militar y ahí cerca hay una estación de Policía, un comando porque también hay oficinas de Fiscalía. Se evidencia más presencia arriba porque tienen una base que cuida específicamente la represa, porque ellos no se meten en ninguna otra cosa. Si los requieren para otra cosa, como que no están autorizados. Al cuerpo de Policía los han requerido para otras cosas y dicen que no es su jurisdicción, que no les compete.

Esperanza Marín, 2020.

Así, desde esa época se ha denunciado una continua vulneración a los derechos fundamentales de quienes se oponen a Hidrosogamoso, hostigamientos, amenazas, intimidaciones, se convertirían en algo común para la población (MDRS, 2015, p. 9). Se llegó incluso a militarizar algunos espacios cotidianos de la comunidad para evitar las movilizaciones, afectando la pesca y el tránsito libre por el río, destruyendo quebradas y contaminando el agua. Es pertinente resaltar que la época en que más convenios se desarrollaron entre Isagén y la fuerza pública para garantizar la seguridad de la represa y el funcionamiento de Hidrosogamoso, fue en un periodo en que ya no había una presencia generalizada ni fuerte de las guerrillas en la cuenca del río Sogamoso. Lo que deja sobre la mesa varias preguntas, entre ellas ¿qué se estaba cuidando la represa?, ¿cuál era la amenaza identificada?, ¿qué riesgo justificó tal nivel de despliegue de seguridad pública en la zona de influencia de Hidrosogamoso?

Con la represa a nosotros nos desaparecieron la tranquilidad que teníamos antes, y ellos cómo están protegidos por el ejército y la policía si están tranquilos

Mario Mejía, Pescador, 2021

A pesar de la represión y señalamiento a quienes se movilizaban, desde que finalizó el llenado de la represa la comunidad ha exigido soluciones y al no ser escuchados, han optado por seguir organizándose. El 16 de marzo de 2015, miemrbos del Movimiento Ríos Vivos Santander, principalmente mujeres, emprendieron una marcha desde el sector La Playa hasta Bucaramanga, caminaron tres días y ocuparon el parque García Rovira por 177 días, para visibilizar las afectaciones del megaproyecto sobre las comunidades de los ríos Sogamoso y Chucurí. Esta increíble movilización social fue denominada como El Riacrucis y fue retratada también en su exposición de arpilleria, como un recuerdo amargo y dulce al mismo tiempo que marcó un hito en las dinámicas sociales de lucha por los ríos. Esta movilización fue la expresión del sentir de la comunidad que veía afectada su anterior vida de abundancia, que protestaba por el maltrato ambiental, la pérdida de su sustento e identidad. Fue alzar la voz en contra de los imaginarios sobre el territorio que veían su abundancia como una oportunidad de explotación y lucro, como un botín que se disputó a punta de sangre y miedo.
En respuesta, las autoridades políticas y administrativas no han avalado las justas protestas de la comunidad, por el contrario se alinearon con los intereses de este megaproyecto, permitiendo, entre otros, cambios en la legislatura nacional y territorial para facilitar la implantación de este proyecto y mejorar los beneficios de la empresa como incentivos; alianzas con políticos, religiosos y organizaciones no gubernamentales regionales para presionar a las comunidades y mejorar la imagen pública de la empresa; y, convenios entre la empresa y la fuerza pública para minimizar y reprimir las movilizaciones, manteniendo la seguridad y vigilancia de las infraestructuras e instalaciones fijas o móviles de las empresas.

Algunos de estos convenios destinan presupuesto para el “bienestar personal de los funcionarios”, lo cual ha sido criticado y ha despertado alarmas en organizaciones defensoras de derechos humanos, al ser recursos que ingresan para actividades que no están relacionadas estrictamente con sus actividades y misiones dentro de la institución, sino que se pueden constituir en estímulos (Rutas del Conflicto y La liga contra el silencio, 2019). Estos recursos han sido ofrecidos especialmente a unidades de la Segunda División del Ejército que se ubican en la áreas de influencia de las empresas como Barrancabermeja, Sabana de Torres y Lebrija, seguidos de San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches, Betulia y Girón. Estos convenios y la militarización de campos petroleros, hidroeléctricas, zonas mineras, palmeras y ganaderas, causa preocupación en algunos sectores políticos y sociales, pues esta relación entre fuerza pública y empresas puede permitir las empresas se conviertan en jefes de hecho del Ejército y la Policía, privatizando la fuerza pública al dar recursos para que los Batallones Energéticos y Viales les presten sus servicios (Cepeda, 2015).

En el caso de Isagén, esta empresa figura como la segunda que más recursos ha invertido en este tipo de convenios con la fuerza pública, al destinar, entre 2008 y 2014, 100.732 millones.

Cepeda, 2015, p. 18

Aunque estos convenios buscan mantener la paz y tranquilidad lograda con la intervención militar en la zona, paradójicamente, la población no solo no se siente cuidada con la presencia de fuerza pública, sino que, por el contrario, tienen claro que está allí para cuidar las inversiones extractivistas que se consideran de utilidad pública e interés social, que es el que representan. Así, las actuaciones de la fuerza pública en el marco de esos convenios dejan entrever un patrón de violación de DDHH caracterizado por tres elementos comunes: el desplazamiento de la población y los ataques a los movimientos sociales; una fuerte militarización del territorio; y serias vulneraciones a los DDHH por parte de los militares ligados a las empresas (Cepeda, 2015, p. 30).
Esto último es de gran relevancia al poner en evidencia que las unidades del Ejército Nacional con las cuales se hicieron estos convenios, la gran mayoría pertenecientes a la Segunda División, tienen una historia ligada a violaciones de Derechos Humanos y ataques sistemáticos contra la población civil en la zona de la cuenca, como el Batallón de Artillería Antiaéreo Nueva Granada (BAGRA), el Batallón Bogotá del Comando Operativo No. 10, el Batallón de Infantería No. 40 Luciano D’Elhuyar -implicado en la masacre de Llana Caliente en 1988- , el Batallón Especial Energético y Vial No. 7 y el Batallón Contraguerrilla No. 45 Héroes de Majagual, y el Batallón Palagua de la Brigada Catorce -implicado en casos de ejecuciones extrajudiciales- (Movice, 2018).
Es de resaltar que la Segunda División se precia de que el resultado de su cuestionado accionar sea, precisamente, la imposición de la represa de Hidrosogamoso, la entrega de la naturaleza como botín de guerra al mejor postor:

El desarrollo de operaciones militares y trabajos de acción integral y desarrollo en la región, así como los trabajos realizados por los soldados desminadores, permiten hoy brindar un respiro de paz, tranquilidad y desarrollo en una región que en otrora fue epicentro del conflicto armado y que gracias al trabajo articulado con la comunidad y demás autoridades civiles y territoriales, hoy dan cuenta de un territorio turístico que cuenta además con un desarrollo económico cada día mayor. Hoy 37 años después, esta unidad se distingue por sus invaluables servicios y procura de la paz en toda la región, preservando no solo la seguridad de sus habitantes, sino además la Hidroeléctrica de Isagén, también conocida como Hidrosogamoso, uno de los activos estratégicos más importantes para Colombia, que produce el 10% de la energía eléctrica para el país.

Segunda División del Ejército, s.f.

Y esa misma Segunda División la que está hoy encargada de velar por la seguridad del nuevo gran proyecto extractivista en la cuenca del Sogamoso: el turismo. Pero no hablamos ya de ese turismo local que daba vida a la cuenca y que mantenía la economía local y familiar de los pobladores ribereños, ahora es un turismo pa’ el de afuera en manos de inversionistas importantes. Y para que sea llamativo ha requerido que se configure el espacio, el territorio y el paisaje de la zona.
Así, el imaginario de la cuenca del río Sogamoso como un escenario para el turismo, principalmente en el embalse Topocoro, ha necesitado que la Gobernación, las Alcaldías municipales, Isagén, y varias corporaciones y asociaciones privadas, inviertan para adecuar este lugar de acuerdo a este nuevo interés. En este marco, uno de los principales ejes de acción institucional sigue siendo el fortalecimiento de la seguridad del embalse y su zona de influencia. Pero, ¿seguridad por qué? ¿Luego las guerrillas no se fueron ya del territorio? ¿Cuál es el riesgo inminente de seguridad que tiene la represa?
En ese contexto, se planteó la construcción del primer Centro de Atención Inmediata Interinstitucional - CAII Fluvial en Colombia. Para ello, se desarrolló un convenio de asociación y cooperación entre la Policía, la Gobernación, Isagén, Corsogamoso y los alcaldes de Betulia, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Los Santos, Lebrija y Girón, en el cual figura como principal financiador la empresa Isagén, seguido de la Gobernación de Santander y la asociación privada Corsogamoso. Estos últimos serían también los encargados de recibir el recurso para comprar el buque y poner en marcha el CAII Fluvial.

El objetivo de la embarcación, donde funcionarían oficinas de las autoridades ambientales, fluviales y de Policía es prestar los servicios de seguridad y garantizar el desarrollo turístico ordenado en el espejo de agua de casi 7.000 hectáreas.

El Tiempo, 2019

Acá es importante mencionar a la organización Corsogamoso, que fue fundada en 2014 con el objetivo de contribuir en el “desarrollo sostenible de la zona de influencia de Hidrosogamoso y generar progreso para nueve municipios vecinos del embalse”. Así, Corsogamoso empezó a asumir un liderazgo en los proyectos enfocados a la reparación de los afectados por la construcción de la represa, por lo que la población ribereña ha denunciado que esa organización se ha tomado de forma indebida e ilegítima la vocería de la región, desconociendo las necesidades de los grupos más afectados con el llenado del embalse, utilizando sus influencias y poder en la región para cambiar y redefinir proyectos de forma que favorezcan a sus afiliados.
Entre los fundadores de Corsogamoso resaltan figuras como el exsenador Carlos Higuera Escalante, heredero de la hacienda Montebello y condenado por parapolítica en el 2011; y Samuel Prada Cobos, ex secretario de desarrollo de Santander denunciado por la comunidad por presuntos intereses que tiene de beneficiar el predio que posee en La Lajita con la construcción del Parque Mundial del Cacao (Hernández, 2020). Por ello, en la actualidad hay varias críticas alrededor de Corsogamoso por parte de las comunidades de la cuenca del río Sogamoso debido al papel que han jugado en la compra y puesta en funcionamiento del primer CAII fluvial del país y de la construcción del Parque Mundial del Cacao, proyectos en los que han buscado favorecer los intereses privados de sus miembros por sobre intereses públicos.

Los imaginarios del desarrollo en la cuenca del río Sogamoso se asentaron y se han alimentado desde 1800 hasta la actualidad.

Fuente: Higuera, C., 2014, “Montebello”

Y es así como esa relación de desconfianza que se generó entre el Estado y las comunidades de la cuenca del Sogamoso desde los 50, como se narró en el capítulo 1, se extendió y profundizó con la imposición de proyectos extractivos en la cuenca, principalmente de Hidrosogamoso. La comunidad no confía en la institucionalidad estatal, ya que contrario a su deber de actuar como entes imparciales, han generado una serie de mecanismos institucionales para favorecer a las empresas por sobre el bienestar de la población. Tampoco confía en las empresas, en la fuerza pública, ni los convenios que estos realizan. Saben que la presencia de militares y policías en la región es para cuidar lo que se considera de utilidad pública e interés social, pero que en realidad son inversiones privadas y proyectos extractivos que benefician a pocos.